El 28 de marzo de 2023 los alumnos de 2º de la ESO del colegio concertado Nuestra Señora de Loreto partían de Valencia a Benalmádena de excursión para participar en unas olimpiadas deportivas organizadas por la Fundación Educativa Santo Domingo, a la que pertenece el centro.
Tres meses después, el 5 de junio, los padres de uno de los alumnos que habían acudido al viaje informan al colegio de que su hijo no iba a volver “porque no estaba bien”. A los pocos días, el psicólogo del niño remite a la dirección una carta en la que informaba de que el menor había sido víctima de una agresión sexual por parte de cinco compañeros durante el viaje, y que se había dado parte a las autoridades judiciales.
El relato de los hechos que el menor hizo a su profesional sanitario, avanzado por Las Provincias, precisa que durante la excursión fue acorralado por cinco compañeros en un pasillo y le obligaron a entrar en un baño de la residencia donde se alojaban. Allí, le habrían mostrado vídeos con contenido sexual explícito, se masturbaron delante de él, le instaron a hacerlo él también y le agredieron para, finalmente, acabar violándolo.
El joven, de entonces 13 años, regresó a Valencia bajo amenazas de no contar nada de lo sucedido por parte de los supuestos agresores, que llegaron a llamarle más de 300 veces por Whatsapp. También asustado por si decidían atacar a su hermano pequeño también alumno del colegio decidió sufrir en silencio las vejaciones y el acoso. Y así, desde marzo hasta la primera semana de junio, convivió en el colegio con sus presuntos violadores.
Sin embargo, la presunta agresión, sumada a tres meses de acoso y silencio, provocaron al menor “un trastorno de estrés postraumático cronificado con graves episodios de amnesia disociativa”, que derivó en 35 días de ingreso en el Hospital la Fe, un tratamiento psiquiátrico que continúa recibiendo dos años después y una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por su psiquiatra con el consentimiento de la familia del niño. A partir de junio, el menor ya no volvió a la escuela y para el curso siguiente ya se trasladó a otro centro, seguido por sus hermanos.
Dos años después, la Fiscalía de Menores de Valencia solo habría acusado a uno de los menores presuntamente implicados, mientras que otros dos son inimputables —tenían 13 años cuando sucedieron los hechos— y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar. De acuerdo con esta información, la jueza de menores dictó un auto de sobreseimiento de la causa abierta contra los dos jóvenes, al considerar que “no hay suficientes pruebas” para continuar acusándolos, una decisión que debe ratificar la Audiencia Provincial valenciana.
Los presuntos agresores siguen en el colegio
Por su parte, desde el centro educativo han detallado que durante el viaje a Benalmádena “no hubo ningún tipo de comunicación” a los profesores ni al equipo directivo presente en el lugar, sino que “la primera noticia” fue el 5 de junio, cuando la familia comunicó que su hijo no iba a volver al centro porque que no se encontraba bien, “sin precisar el motivo”, según ha explicado la directora del colegio, María Dolores Esteban, este lunes en una rueda de prensa.
Por su parte, los presuntos agresores continúan estudiando en el centro tras conocerse la denuncia, y no han reconocido los hechos. “Tienen un seguimiento por parte de tutor, profesores, departamento de orientación y no se ha detectado ninguna incidencia por parte de ellos ni cualquier conducta preocupante” durante estos dos años, ha indicado la directora, quien también ha subrayado que “el colegió actuó de modo inmediato cuando recibió la información” y estuvo “al lado de la Justicia aplicando la normativa de la Conselleria de Educación”, además de informar a Inspección educativa.
En este sentido, Esteban ha añadido que, en el momento en el que tuvieron conocimiento de los hechos, se inició un procedimiento ordinario para aplicar los protocolos de la Conselleria, pero que, “atendiendo al decreto 195/2022 de la Generalitat”, este tuvo que “quedar suspendido” mientras no hubiera un pronunciamiento judicial. “Por lo tanto, estamos a la espera de esa resolución definitiva”, ha precisado la directora.
No obstante, ni el colegio ni la fundación FESD se han personado en la causa. Una decisión que “se consultó con Inspección”, y que se tomó porque el psicólogo ya había trasladado los hechos a Fiscalía, ha explicado en la rueda de prensa la directora general del equipo de gestión de la FESD, Julia Moreno.
“Nuestra aportación, puesto que no teníamos ni siquiera noticia de los hechos, no iba a ser relevante”, ha indicado Moreno. “Nosotros hemos presentado toda la información que nos han solicitado. Incluso hemos presentado nuestros testimonios. Pero ahora mismo no somos parte del procedimiento”.
Sometidos a medidas de vigilancia “no explícita” o nula
Sobre la participación de los alumnos presuntamente implicados en otros viajes con pernoctación, la dirección del centro ha explicado que para este curso hay una excursión prevista, si bien desconoce si los supuestos agresores tienen pensado participar. A este respecto, la responsable de la fundación ha señalado que no existen medidas cautelares ni de control adoptadas por las instancias judiciales, si no que solamente se les ha sometido a las “medidas de vigilancia no explícita” del centro.
Por otra parte, Moreno ha subrayado que “no existe un riesgo cero” cuando se realizan este tipo de viajes escolares. “Por muy duro que sea, cuando tú realizas salidas con pernoctación —incluso en este caso, en el que la ratio de vigilancia de los profesores era superior al exigirlo por ley,si no hay alguien en cada habitación, y no puede haberlo, no existe un riesgo cero”, ha puntualizado.
“Nosotros estamos en continua mejora e intentamos mejorar nuestros protocolos”, ha indicado, añadiendo que “se han cambiado las normas” para realizar estos viajes y ahora los menores firman por escrito un compromiso de cumplir unas normas que se explican a padres y alumnado..