La Comisión Europea sostiene que la ley de amnistía no responde “a un objetivo de interés general”, sino más bien “parece ser una autoamnistía” por formar parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España y porque los beneficiarios han sido claves para aprobarla.
La Comisión hace ese diagnóstico en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la ley aprobada hace algo más de un año.
“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, exponen los abogados de la Comisión Europea.