El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe permanece en estado crítico después de recibir un disparo en la cabeza a quemarropa durante un mitin de campaña en Bogotá durante el fin de semana.
Los médicos que tratan al senador conservador de 39 años dijeron que éste “apenas” había respondido a las intervenciones médicas, incluida una cirugía cerebral, tras el intento de asesinato, que renovó las preocupaciones sobre la violencia política en el país sudamericano.
Uribe recibió un disparo el sábado mientras hablaba en una pequeña reunión en el barrio Modelia de Bogotá. Unas imágenes que circulan en redes sociales que no pudo verificar de forma independiente, muestran a un hombre armado disparando contra Uribe a quemarropa.
Las autoridades colombianas informaron posteriormente que un joven de 15 años fue arrestado en el lugar del ataque. Sufrió una lesión en la pierna y se recupera en otra clínica.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo que más de 100 militares están involucrados en la investigación.
El domingo, frente al hospital, cientos de simpatizantes se congregaron para orar por la recuperación de Uribe. Muchos portaban rosarios, mientras que otros expresaron su enojo contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de avivar las divisiones políticas.
Petro denunció el ataque e instó a sus oponentes a abstenerse de politizar el incidente. Sin embargo, el presidente ha tildado frecuentemente a sus rivales políticos de “oligarcas” y “enemigos del pueblo” durante recientes manifestaciones a favor de la reforma
No hay manera de argumentar que el presidente… que califica a sus opositores de enemigos del pueblo, paramilitares y sicarios, no tiene responsabilidad en esto”, publicó el analista político Andrés Mejía en X.
El lunes, el Senado colombiano anunció que suspenderá sus sesiones indefinidamente en solidaridad con Uribe.
Mientras tanto, nueve partidos de oposición emitieron una declaración conjunta el lunes en la que se comprometieron a acercarse a las instituciones internacionales para garantizar las “condiciones de igualdad” que, según ellos, han sido negadas por el actual gobierno.
También instaron al Procurador General de la Nación a crear una comisión especial para velar por la transparencia y la seguridad electoral.
La procuradora general de la República, Luz Adriana Camargo, dijo que si bien no había habido amenazas previas contra Uribe, su equipo legal había solicitado previamente una mejora en su seguridad, la cual, según ellos, fue ignorada.
Su abogado, Víctor Mosquera, ha acusado a la Unidad Nacional de Protección de negligencia, afirmando: “Había que mejorar su seguridad. Tenemos que investigar si el ataque fue consecuencia de una negligencia”.
Petro escribió en X el lunes que la escolta de seguridad de Uribe se había reducido “extrañamente” de siete a tres guardaespaldas el día del ataque, y dijo que había solicitado una investigación policial.