El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una investigación exhaustiva sobre la administración de su predecesor y ordenó al Departamento de Justicia que examine si asesores no electos gobernaron efectivamente el país durante la presidencia de Joe Biden.
La investigación sobre los últimos actos de Biden en el cargo examinará el uso de firmas automáticas en documentos oficiales, incluida la conmutación de 37 sentencias de muerte y los indultos otorgados a familiares y aliados políticos, según una directiva ejecutiva publicada por la Casa Blanca el miércoles.
“Dados los claros indicios de que el presidente Biden carecía de la capacidad para ejercer su autoridad presidencial, si sus asesores usaron en secreto el bolígrafo mecánico para firmar para ocultar esta incapacidad, al tiempo que tomaban medidas ejecutivas radicales en su nombre, eso constituiría un ejercicio inconstitucional del poder de la Presidencia”, declaró la orden de Trump.
La investigación se centra en las acusaciones de que el deterioro cognitivo de Biden permitió a su personal tomar decisiones clave sin su participación directa. Los investigadores tienen la tarea de determinar si existió un esfuerzo coordinado dentro de la administración Biden para ocultar al público los problemas de salud del presidente, incluyendo posibles conspiraciones para suprimir pruebas de deterioro cognitivo y presentarlo artificialmente como apto para el cargo.
Trump acusó previamente a los asesores principales de Biden de cometer potencialmente “traición al más alto nivel” si se aprovechaban del presunto deterioro cognitivo de su predecesor para implementar políticas que este podría no haber apoyado personalmente. La investigación del Departamento de Justicia busca determinar si todas las acciones ejecutivas fueron autorizadas por el propio Biden. La fiscal general Pam Bondi y el asesor legal de la Casa Blanca, David Warrington, han sido designados para dirigir la investigación.
Los críticos de Trump han afirmado que la investigación tiene motivaciones políticas y carece de pruebas sustanciales, mientras que los expertos legales señalan que el uso de firmas automáticas para presidentes está legalmente permitido y ha sido utilizado por varias administraciones anteriores. La administración Trump sostiene que nunca se ha utilizado en esta medida.
El problema de la salud de Biden, y en particular sus capacidades cognitivas, cobró protagonismo nacional durante su campaña de reelección el año pasado, cuando los críticos destacaron la marcha inestable del veterano político, sus aparentes lapsus de memoria y su dificultad para articular sus pensamientos.
La situación llegó a un punto crítico tras un desastroso debate contra Trump en junio de 2024, tras el cual un creciente número de demócratas le pidió que se retirara de la contienda. Biden dimitió formalmente al mes siguiente.
El mes pasado, la oficina de Biden reveló que le habían diagnosticado una “forma agresiva” de cáncer de próstata. Muchos comentaristas, incluido Trump, alegaron que la enfermedad se había desarrollado a lo largo de varios años y que el círculo íntimo de Biden ocultó deliberadamente el diagnóstico al público.
El senador estadounidense Ron Johnson, quien preside el subcomité de investigación de Seguridad Nacional, ha iniciado una investigación independiente sobre un posible encubrimiento relacionado con la salud del expresidente.