Nuevo aviso para España: no cumple con las medidas anticorrupción para altos cargos. Es una de las principales conclusiones del informe anual que elabora el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y que se ha publicado este jueves.
Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia completan la lista de países que, según la organización, tampoco están a la altura en este sentido. El caso germano es el último en incorporarse por sus “avances insuficientes” a la hora de aplicar las recomendaciones del Consejo de Europa.
Este aviso se da para España en un momento marcado por situaciones como el caso Ábalos y ya el pasado mes de abril el GRECO alertó de que el Gobierno incumplía algunas de las 19 recomendaciones, mientras que otras solo las cumplía de manera parcial.
El organismo (que no es una institución de la UE) ha llamado la atención a España para que tome “medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible” y en caso de que no haya reacción podría activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa para que escriba al ministro de Exteriores.
De hecho, en sus recomendaciones para España el Consejo de Europa pide que se modifique el procedimiento de aforamiento del que se benefician los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción para que eso no interfiera con la acción judicial, algo que por ejemplo se puede aplicar perfectamente al mencionado caso Ábalos, pero también a otros que se han dado recientemente.
En general, el GRECO también pide reformas legislativas para terminar con las lagunas en la transparencia de la financiación política mediante el establecimiento de mecanismos de aplicación más estrictos y la adopción de sanciones disuasorias para las infracciones de las normas de financiación política.
El informe señala que los acontecimientos de los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos para garantizar la transparencia de la financiación política y actualizar las normas anticorrupción existentes sobre financiación de partidos y campañas electorales.
El presidente del GRECO, David Meyer, declaró que “la lucha mundial contra la corrupción se encuentra en un momento crítico. Aunque se han logrado avances significativos en el fortalecimiento de los marcos anticorrupción, persisten retos en constante evolución, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley, la transparencia y las amenazas a la independencia judicial. Abordar estos retos requiere una urgencia renovada y una voluntad política sostenida a nivel nacional”.
“En 2024, los cambios geopolíticos, la inestabilidad económica y los rápidos avances tecnológicos han reconfigurado los riesgos de corrupción y las dinámicas de gobernanza.
Las elecciones en varios Estados miembros han planteado problemas de integridad, incluidas denuncias de influencia indebida, financiación irregular e injerencia extranjera, lo que subraya la necesidad de salvaguardar los procesos democráticos mediante marcos eficaces de lucha contra la corrupción”, añadió tras la publicación del informe.
Tal como se recoge en el documento, los ámbitos que plantean más problemas en las fuerzas de seguridad son las declaraciones de bienes, ingresos, obligaciones e intereses, la política de rotación y movilidad, los requisitos de contratación y los procedimientos de nombramiento, así como los controles de integridad.
En su informe anual, el GRECO constató que el nivel general de cumplimiento de las recomendaciones seguía siendo insuficiente. A finales de 2024, había publicado informes sobre 26 Estados que evaluaban el cumplimiento de estas recomendaciones.
Según los informes de seguimiento publicados a 31 de diciembre de 2024, los Estados habían aplicado total o parcialmente el 63% de las recomendaciones del GRECO relativas a las funciones ejecutivas superiores de los gobiernos centrales (frente al 58% a finales de 2023). En cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la proporción de recomendaciones aplicadas total o parcialmente pasó del 67% al 71% entre 2023 y 2024.
En lo que respecta a la última ronda de evaluación sobre la prevención de la corrupción relativa a diputados, jueces y fiscales, a 31 de diciembre de 2024, los países habían aplicado plenamente el 59% de las recomendaciones y habían aplicado parcialmente el 29%. El 12% de las indicaciones del GRECO seguían sin aplicarse.
La mayor proporción de recomendaciones no aplicadas se refería a los diputados (16,6%), en comparación con los jueces (10,9%) y los fiscales (8,4%).