La Policía de Hungría ha prohibido una manifestación contra la homofobia y la transfobia prevista para el 1 de junio. Para ello han apelado a la ley que prohíbe las marchas LGBTIQ+ bajo el argumento de proteger a los menores, según han denunciado cinco ONG del país.
Esta es la primera vez que la Policía hace uso de la ley aprobada en marzo, que prohíbe las reuniones que promuevan el cambio de sexo o la homosexualidad, así como la participación en ellas. Esta nueva norma ha sido criticada por la Unión Europea (UE) como un ataque al derecho de las minorías.
“La policía (húngara) prohibió el evento citando la reforma legal de marzo, que prohíbe celebrar manifestaciones que representen la homosexualidad o las minorías sexuales que ‘puedan significar una violación de los derechos de los niños”, han informado cinco ONG húngaras en un comunicado conjunto.
La reforma aprobada establece que “el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida”, lo que supone que el derecho de reunión se subordina a esta “protección de la infancia”.
La enmienda señala que para hacer valer la defensa de menores y su desarrollo “adecuado”, no se permitirán “las reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad”, así como la participación en ellas.
La Comisión Europea (CE) anunció en abril que analiza la reforma legal para blindar la prohibición de las marchas del Orgullo LGBTIQ+ y “no dudará” en tomar medidas contra ese país “si fuera necesario”. Orbán llegó al poder en 2010 y en los últimos 15 años su Gobierno ha limitado legalmente los derechos de la comunidad LGTB+.
Después de la aprobación de la normativa, 22 embajadas europeas, entre ellas las de Alemania, Francia, Reino Unido y España, expresaron su profunda preocupación por las “restricciones al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”.
La prohibición se produce en un momento en que el Parlamento húngaro, con mayoría absoluta del partido de Orbán, discute medidas que pueden restringir aún más la actividad de ONG y organizaciones civiles, e incluso permitir su cierre.