El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que la “elevada” carga fiscal que soporta la vivienda en España acentúa el desequilibrio entre oferta y demanda que está empujando los precios al alza y generando problemas de acceso a un techo.
Según un estudio presentado este martes y elaborado en colaboración con el Consejo General de Economistas, el centro de estudios de la CEOE calcula que España es el país de la Unión Europea con la mayor presión fiscal a la hora de comprar una vivienda, lo cual cree que supone un obstáculo para poner en marcha los 2,2 millones de inmuebles que, según estima, harán falta en el país hasta 2040.
El estudio publicado este martes sostiene que la fiscalidad de la vivienda en España es más gravosa que en la mayoría de países desarrollados. En concreto, el IEE estima que, incluyendo los distintos tipos de impuestos, la compra de una casa en propiedad soporta un tipo efectivo del 30,3%, muy por encima del 6,5% en el que se sitúa la media europea.
Según los cálculos del informe, se trata del segundo nivel tributario más alto de toda la OCDE, solo por detrás del 38,9% de Canadá. En el caso de la fiscalidad del alquiler, la distancia con respecto a la media es algo más reducida. En España el tipo marginal efectivo sobre los arrendamientos llega al 44%, frente al 31% en el que se sitúa la media comunitaria.
“Sorprende que un bien de primera necesidad sea un bien tremendamente penalizado desde el punto de vista fiscal”, ha valorado en rueda de prensa el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, que ha apuntado a que hasta una cuarta parte del coste total de una vivienda llega a corresponderse con impuestos.
“Si de verdad nos preocupa un bien no tiene sentido que se penalice tanto”, ha reiterado en la misma línea el director general del centro de estudios, Gregorio Izquierdo.
El informe advierte de que esta fiscalidad “tremendamente gravosa” se extiende a lo largo de toda la vida útil de los inmuebles. En concreto, en el momento de la adquisición, el IEE señala que en España los compradores hacen frente a un tipo general del 11% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), lo que supone la tercera mayor carga de la UE, solo por detrás de Bélgica y Reino Unido.
Añaden que España es, junto con Noruega y Suiza, uno de los pocos países que aplica un impuesto sobre el patrimonio neto durante la tenencia del inmueble, a lo que se suma un tipo marginal máximo del 30% en el impuesto sobre las ganancias de capital cuando se opta por la venta de la vivienda, un tipo superior al 16,4% en el que se sitúa el promedio europeo.
El estudio pone de manifiesto que existen notables diferencias entre comunidades autónomas en la fiscalidad de la vivienda. Por ejemplo, en el momento de comprar un piso de obra nueva, ha de pagarse el ITP, pero este tributo alcanza el 13% en Baleares y el 11% en Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, mientras que en Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla se sitúa en el 6%.
Para el centro de estudios de la patronal, Madrid es la región con “mayor competitividad fiscal”, al defender que unos impuestos más bajos incentivan el dinamismo del mercado.
“Es la línea correcta de diseño de política económica para facilitar el buen funcionamiento del mercado inmobiliario”, ha asegurado Izquierdo.
Incluyendo los impuestos recaudados a nivel estatal, autonómico y local, el IEE calcula que las administraciones ingresan al año 52.200 millones de euros en tributos vinculados a la vivienda, lo que supone un 3,5% del PIB. El IBI es el impuesto que más recaudación aporta dentro del sector inmobiliario, representando cerca del 30% del total.
Lo siguen el IVA y el IRPF. “La vivienda se ve gravada por todas las figuras tributarias: IVA, IRPF, ITP, impuesto de actos jurídicos documentados, impuesto de sucesiones, IBI, tasas por licencia de obras… todos”, ha explicado Fernández de Mesa, que ha opinado a que existe también una “sobrerregulación” en relación con la vivienda, calificando de “ineficaz y contraproducente” medidas como el control de los precios del alquiler.
El centro de estudios de la patronal calcula que entre 2025 y 2040 será necesario construir en España 2,2 millones de viviendas para dar techo a los nuevos hogares que se formen, un volumen de inmuebles que requerirá una inversión de aproximadamente 380.000 millones de euros. “Esto no se puede hacer solo desde el sector público. Se tiene que hacer con colaboración público-privada”, ha defendido el presidente del IEE, que ha recalcado que “no se puede desdeñar ninguna fuente de financiación”.
A juicio de Fernández de Mesa, la elevada fiscalidad no contribuye a atraer la inversión privada necesaria para poner en pie esa cantidad de viviendas. “España en absoluto es un país atractivo para inversores internacionales, que podrían jugar un papel importante. Habría que contar mucho mas con sector privado”, ha expresado.
Para mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda en España, el informe del centro de estudios de la patronal plantea un compendio de propuestas encaminadas a promover la inversión, aumentar la oferta disponible y fomentar la propiedad y el alquiler para facilitar el acceso.
En concreto, reclaman incentivos fiscales para el arrendamiento de inmuebles y reducir la carga fiscal sobre los caseros, rebajar los impuestos sobre transacciones inmobiliarias, suprimir el impuesto de sucesiones en viviendas habituales, reducir el IBI y aplicar un IVA superreducido del 4% en las rehabilitaciones, así como crear un portal de información en el que se recojan las distintas desgravaciones fiscales.