El controvertido plan de pasaporte dorado de Malta, que permite a los extranjeros comprar la ciudadanía de la UE a cambio de invertir más de 690.000 euros, fue declarado ilegal el martes por el máximo tribunal de la UE.
La Comisión emprendió acciones legales hace años, argumentando que el programa de pasaportes dorados incumplía el deber de cooperación leal de Malta. Ofrecía a las personas la oportunidad de obtener la ciudadanía maltesa y, por consiguiente, el derecho a trabajar en toda la UE, incluso sin tener vínculos familiares ni domicilio allí.
El Tribunal de Justicia de la UE coincidió con la Comisión y concluyó que dicho sistema “equivale a la comercialización de la concesión del estatus de nacional de un Estado miembro y, por extensión, de la ciudadanía de la Unión, lo cual es incompatible con la concepción de ese estatus fundamental que se deriva de los Tratados de la UE”.
El tribunal sostuvo que el plan maltés estaba respaldado por pagos o inversiones y agregó que “no se puede considerar que la República de Malta considerara la residencia real en ese territorio como un criterio esencial para la concesión de la nacionalidad de ese Estado miembro en virtud de ese plan”.
El tribunal declaró que, al establecer y operar su sistema de pasaporte dorado, Malta no cumplió con sus obligaciones en virtud de los tratados de la UE y ordenó a Malta pagar las costas del caso.
La decisión fue contraria a un informe no vinculante del Abogado General Anthony Collins del pasado mes de octubre, que desestimó las preocupaciones de la Comisión Europea de que el plan socavaba la integridad de la UE.
Los Estados miembros han decidido que le corresponde a cada uno de ellos determinar quién tiene derecho a ser uno de sus nacionales y, en consecuencia, quién es ciudadano de la UE, sugería la opinión de Collins.
Los jueces del Tribunal de Justicia no están obligados a seguir las opiniones del Abogado General, aunque en la mayoría de los casos lo hacen.
El de Malta era el último programa de pasaporte dorado que quedaba dentro del bloque, después de que Chipre abandonara su procedimiento en 2020 y Bulgaria en 2022. Otros países ofrecen “visas doradas”, un sistema más restringido que otorga permisos de residencia a quienes estén dispuestos a pagar, aunque estos también están bajo la mira.
Portugal redujo su programa de visas doradas en 2023, eliminando una condición de inversión inmobiliaria para reducir la especulación inmobiliaria. Países Bajos siguió el ejemplo, poniendo fin a su programa de visas doradas en enero de 2024, y España también ha prometido abolir las visas doradas para quienes inviertan en bienes raíces.
Estos planes han suscitado importantes preocupaciones en materia de seguridad y lavado de dinero, sobre todo desde la invasión de Ucrania en 2022, ya que la adquisición de un pasaporte o una tarjeta de residencia de la UE puede permitir a los rusos ricos evadir las sanciones.
En 2022, los eurodiputados pidieron normas más estrictas sobre los visados dorados y la prohibición de la ciudadanía por inversión, afirmando que era “objetable desde un punto de vista ético, legal y económico”.
Esta historia se actualizará con reacciones desde Malta.