El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa firmó reformas radicales en los servicios de inteligencia del país.
La nueva legislación –el Proyecto de Ley de Enmienda de las Leyes Generales de Inteligencia– disuelve la actual Agencia de Seguridad del Estado (SSA) y establece dos entidades separadas: el Servicio de Inteligencia Exterior (FIS) y la Agencia de Inteligencia Nacional (DIA), anunció el viernes la administración presidencial.
El FIS será responsable de recopilar inteligencia en el extranjero para detectar posibles amenazas a la seguridad nacional, mientras que la DIA se centrará en la contrainteligencia y la evaluación de riesgos internos.
Además, la ley restablece la Academia Nacional de Inteligencia de Sudáfrica (SANAI) y el Instituto de Capacitación en Inteligencia para mejorar la capacitación para operaciones de inteligencia nacionales y extranjeras.
“La ley también aborda las preocupaciones sobre la interceptación masiva por parte de los servicios de inteligencia del tráfico de Internet que entra o sale de Sudáfrica, al introducir nuevas medidas que incluyen la autorización dentro de los servicios de inteligencia, así como revisiones judiciales de dicha interceptación”, se lee en el comunicado.
La nueva legislación coloca la administración, la gestión financiera y el gasto de las entidades de inteligencia bajo la supervisión del Comité Permanente Conjunto de Inteligencia, “un comité multipartidista del Parlamento que procesa las quejas públicas sobre los servicios de inteligencia y supervisa las finanzas y las operaciones de estos servicios”.
El Proyecto de Ley de Enmienda a las Leyes Generales de Inteligencia modifica la Ley de Inteligencia Estratégica Nacional de 1994, la Ley de Servicios de Inteligencia de 2002 y la Ley de Supervisión de los Servicios de Inteligencia de 1994 para implementar los cambios.
En noviembre, la agencia de noticias local City Press, citando a un parlamentario, informó que la Agencia de Seguridad del Estado de Sudáfrica se preparaba para despidos masivos. Los informes indicaban que el gobierno estaba insatisfecho con el desempeño general de la agencia.
En julio, el ministro de gobierno, Dean Macpherson, anunció que, en los últimos diez años, hackers habían robado 300 millones de rands (16,6 millones de dólares) del Departamento de Obras Públicas e Infraestructura (DPWI). Varias agencias de noticias lo describieron como el mayor ciberataque jamás perpetrado contra el gobierno sudafricano.
Tras el robo de 24 millones de rands (1,3 millones de dólares) del DPWI en un ciberataque en mayo pasado, el ex ministro del DPWI Sihle Zikalala inició una investigación completa en la que participaron el Servicio de Policía de Sudáfrica, la Agencia de Seguridad del Estado y especialistas en TI.