El informe sobre el Estado de derecho en el ámbito de las libertades, publicado el lunes por la Unión de Libertades Civiles por Europa, revela que, si bien la situación varía de un Estado miembro a otro, existe una tendencia amplia y fundamental hacia el Estado de derecho que se ha enfrentado a duros desafíos en los últimos años.
El informe de 1.000 páginas se publica anualmente, y su sexta edición, publicada este año, es el resultado de la colaboración entre 43 organizaciones de derechos humanos de 21 países de la UE, coordinadas por Civil Liberties Union For Europe.
Una de las conclusiones más impactantes de la investigación de la organización es la persistencia de las violaciones denunciadas y el deterioro generalizado del Estado de derecho en toda la UE.
Si bien cada país presenta variaciones, la observación general es que todos los aspectos fundamentales del Estado de derecho —a saber, el sistema judicial, las medidas anticorrupción, la libertad de prensa, los controles y contrapesos, el espacio cívico y los derechos humanos— han enfrentado desafíos similares y cada vez más graves en los últimos años.
Esto pone claramente de relieve las deficiencias persistentes y sistémicas del Estado de derecho en todo el bloque.
Observamos un gran número de países donde el Estado de derecho continúa deteriorándose, sobre todo en Italia, Eslovaquia, Rumanía y, por supuesto, Hungría. Esto se debe a que la UE no responde con la suficiente firmeza al deterioro del Estado de derecho. Si se permiten las violaciones del Estado de derecho, incluso tácitamente, se incentiva a los líderes gubernamentales a deteriorarlo aún más, declaró a Euronews Viktor Z. Kazai, experto sénior en Estado de derecho de la Unión de Libertades Civiles para Europa y uno de los autores del informe.
Países separados en diferentes grupos
Los países “estancados” son aquellos que se mantuvieron estáticos o lograron avances mínimos en sus indicadores de Estado de derecho. Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y España pertenecen a este grupo.
Los países en “deslizamiento” son democracias modelo como Bélgica, Francia, Alemania y Suecia, que mostraron descensos aislados pero no obstante preocupantes en ciertas áreas.
Los “desmanteladores” son países en los que el Estado de derecho se ve socavado sistemática e intencionadamente en casi todos los ámbitos; este grupo incluye a Italia, Bulgaria, Croacia, Rumania y Eslovaquia.
Se determinó que el eslabón más débil y el país reincidente era Hungría.
Algunos países hicieron marcados intentos de mejorar el estado del estado de derecho a nivel nacional.
Los “trabajadores esforzados” –Estonia y la República Checa– dieron muestras de esfuerzos genuinos y sistemáticos para introducir mejoras, lo que pone de relieve el exitoso papel de la sociedad civil en la creación de un cambio positivo.
Mientras tanto, Polonia es considerada una “historia de advertencia”, ya que el nuevo gobierno ha intentado restaurar la independencia judicial y el pluralismo de los medios sin lograr grandes avances, lo que ilustra que abordar la independencia comprometida de las instituciones es una tarea extremadamente difícil y frágil.
Según el informe, es absolutamente crucial que la Comisión Europea vincule el informe anual sobre el Estado de Derecho con los mecanismos de aplicación del Estado de Derecho, como los procedimientos de infracción del Artículo 7 para los Estados miembros que no respeten los valores europeos o la condicionalidad de la UE.
Perspectivas clave
El sistema de justicia todavía padece manipulación política, recursos insuficientes y barreras a la asistencia jurídica, todo lo cual socava su independencia, calidad y eficiencia, según el informe.
El panorama general también muestra que en el ámbito de la lucha contra la corrupción hay una persistente falta de transparencia, una aplicación deficiente de la ley y una protección inadecuada de los denunciantes, lo que conduce a una erosión de la confianza en la integridad del gobierno.
La libertad de prensa sigue estando amenazada en muchos países, ya que la influencia política compromete la independencia de los organismos reguladores y la propiedad concentrada sofoca el pluralismo, mientras los periodistas se enfrentan a un acoso cada vez mayor y a desafíos legales.
Los controles y equilibrios se debilitan aún más por el uso excesivo de procesos legislativos acelerados, la interferencia política en las autoridades independientes y la integridad comprometida del sistema electoral, todo lo cual erosiona el control democrático y legal sobre el gobierno.
Además, los espacios cívicos han seguido reduciéndose a medida que las campañas de desprestigio generalizadas envalentonan a los gobiernos a adoptar leyes restrictivas, en particular cuando se trata del derecho a la protesta pacífica y la libertad de reunión y asociación.
Por último, los derechos humanos están bajo una presión cada vez mayor debido a políticas migratorias más estrictas, protecciones inadecuadas para grupos vulnerables y una creciente discriminación y discurso de odio que afectan a las minorías en toda la región.
Desafíos internacionales
Como señalan los autores del informe, estos desafíos internos se desarrollan en un contexto geopolítico cambiante, con el ascenso del populismo de extrema derecha y el retroceso democrático en Estados Unidos y conflictos globales que configuran la trayectoria política de Europa.
A medida que el populismo de extrema derecha aflora y la democracia retrocede en EE. UU., la crisis del Estado de derecho en Europa se agrava. La creciente influencia de la extrema derecha amenaza la unidad de la UE, mientras que la guerra de Rusia en Ucrania y la rápida transformación de las relaciones transatlánticas ponen a prueba la resiliencia del bloque.
Para salvaguardar la UE y un mundo basado en normas, la Comisión Europea debe fortalecer la aplicación del Estado de derecho, vinculándola directamente con el Artículo 7, la condicionalidad presupuestaria y los procedimientos de infracción.