Movimientos sindicales, organizaciones indígenas y diversos gremios sociales reclaman a la Comisión Séptima del Senado de Colombia permitir el avance de la reforma laboral sobre la que hoy pesa una reforma de archivo con poder para hundirla.
A estas asociaciones se unió también la Defensoría del Pueblo que solicitó a esa instancia legislativa continuar el debate en torno a la iniciativa, por considerar que está orientada a crear herramientas para que el Estado pueda avanzar progresivamente en la garantía, respeto y protección del derecho al trabajo.
El proyecto de ley protege, de forma especial, los derechos de sujetos de especial protección constitucional como las mujeres en todas sus diversidades, las personas con discapacidad, y democratiza el cuidado, alegó la entidad.
Añadió que también recoge la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional en relación con el derecho al empleo y avanza en la incorporación de algunos estándares de la Organización Internacional del Trabajo al ordenamiento jurídico interno.
Apuntó esa instancia que el conjunto de estos argumentos, entre otros, permite sostener “que es un proyecto favorable para una agenda de derechos humanos” en el mundo laboral.
Estimó asimismo que las diferencias que existen en torno a asuntos específicos de la iniciativa pueden ser resueltas, y deberían serlo, sin sacrificar el conjunto de una reforma positiva para la nación.
“La Defensoría del Pueblo exhorta a los congresistas a que permitan la concertación y el debate democrático sobre el articulado de este proyecto, pues el país requiere actualizar su legislación laboral para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo y contribuir a la creación de un ambiente laboral justo y digno para la ciudadanía”, concluyó el comunicado.
El pasado lunes, ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado radicaron una ponencia de archivo contra la reforma laboral, con lo cual la propuesta está casi hundida.
El apoyo al documento que pide anular el avance del proyecto por más de la mitad de los legisladores de esa instancia, compuesta por 14, levantó una respuesta del jefe de Estado, Gustavo Petro.
Anunció entonces el jefe de Estado la convocatoria a una consulta popular para que sea la ciudadanía, según manifestó, la que decida el futuro de las reformas sin intermediarios.
Diversas organizaciones como el Comando Central Unitario de Colombia, integrado por tres centrales obreras y dos confederaciones de pensionados, así como el Consejo Regional Indígena del Cauca manifestaron su intención de defender en las calles la iniciativa.