Controversias entre diputados sobre una ley de seguro social y la compra por un consorcio estadounidense de puertos en el Canal operados por una empresa china sobresalen en la semana que concluye hoy en Panamá.
La votación sobre el llamado proyecto de Ley 163 sobre reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), al que se oponen las organizaciones del movimiento popular en manifestaciones callejeras, tendrá que esperar hasta el lunes luego de enfrentamientos verbales entre representantes de las bancadas.
La tensión surgió a raíz de la presentación de modificaciones de última hora la noche del jueves, cuando los diputados José Pérez, del Movimiento Otro Camino (MOCA) y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se cuestionaron propuestas sobre el aumento de la edad de jubilación.
Según Buchanan, la idea de constituir una mesa triparta para dentro de seis años evaluar la edad de retiro es un “artículo disfrazado que pretende aumentarla, mientras rechazó otras modificaciones que buscan darle más facultades al director de la CSS, Dino Mon, en la administración del dinero que es de todos los panameños.
De otra parte, hubo otras propuestas de última hora y eje de discrepancias como el establecimiento de una tasa de reemplazo mínima para las pensiones, ubicada en el 60 por ciento del salario promedio base de la pensión de retiro por vejez.
Por su parte, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que cualquier modificación debe garantizar la sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, caso contrario podría vetar la ley 163.
En los últimos siete días también la adquisición por el consorcio estadounidense BlackRock del 90 por ciento de las acciones de Panama Ports Company, S.A. (PPC), subsidiaria de la compañía Hutchison, con base en Hong Kong, que opera los puertos de Balboa(Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en cada lado del Canal, suscitó la reacción del Gobierno.
La transacción de 22 mil 800 millones de dólares a favor del brazo portuario del gigante naviero Mediterranean Shipping Company (MSC), generó preocupación en el Ejecutivo y motivó una respuesta inmediata de las autoridades.
Ante esa operación de profundo calado, el Consejo de Gabinete instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para que exija a Panama Ports Company, S.A. toda la documentación legal, financiera y operativa relacionada con la compra y venta.
Esta decisión busca garantizar que “la operación cumpla con las normativas constitucionales” y proteja el interés público en dos de los puertos más importantes del país, claves para el comercio global y la economía nacional.
La decisión del Ejecutivo se basa en sólidos fundamentos legales, pues la Constitución Política establece en su artículo 258 que los puertos son bienes de uso público y, por lo tanto, no pueden ser objeto de apropiación privada.
Además, el artículo 259 señala que las concesiones para la explotación de servicios públicos deben inspirarse en el bienestar social y el interés público.
El Gobierno panameño expresó su preocupación por la falta de información oficial sobre la transacción, que se conoció a través de medios locales e internacionales.
Sobre esta situación, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó que es bienvenida a la inversión extranjera, pero es un derecho inalienable proteger y garantizar los mejores intereses nacionales a través de la explotación de los bienes públicos, como son los puertos.
También fue enfático al señalar que los procesos de auditoría iniciados por la Contraloría comenzaron antes de que se hicieran públicos los hechos noticiosos relacionados con esta compraventa.