El estado estadounidense de Florida ha demandado al gigante de supermercados Target, acusándolo de engañar a los inversores y causar pérdidas financieras al promover iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
El fiscal general James Uthmeier presentó la demanda en el tribunal federal de Fort Myers el jueves, alegando que Target no reveló los posibles riesgos financieros asociados con sus políticas DEI, engañando así a los inversores.
La demanda también alega que las iniciativas de DEI de Target, incluida su campaña del Mes del Orgullo de 2023, contribuyeron a la reacción negativa y los boicots de los consumidores. Afirma que esta reacción provocó una caída del valor de las acciones de la empresa y una pérdida de más de 25 mil millones de dólares en capitalización de mercado.
“Las corporaciones que promueven una ideología izquierdista radical a expensas de los beneficios financieros ponen en peligro la seguridad de la jubilación de los socorristas y los maestros de Florida”, dijo Uthmeier. Subrayó que su oficina impulsará una reforma corporativa para que “las empresas vuelvan a dedicarse a hacer negocios, no a un teatro político ofensivo”.
Target ha enfrentado al menos tres demandas similares en Florida, todas acusando a la compañía de violar las leyes de valores al no informar a los inversores sobre el posible impacto financiero de sus iniciativas DEI. La compañía anunció en enero que reduciría varios programas DEI, incluidos aquellos que apoyan a empleados negros y empresas propiedad de negros.
Sin embargo, Target no ha vinculado explícitamente la decisión con las demandas, y la medida sigue una tendencia más amplia de las principales empresas estadounidenses, incluidas Walmart y McDonald’s, que reducen sus compromisos de DEI en respuesta al rechazo político y social.
El presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas contra los programas DEI desde que regresó a la presidencia el mes pasado.
En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó órdenes ejecutivas destinadas a eliminar las iniciativas DEI en las agencias federales y entre los contratistas del gobierno, argumentando que dichos programas promueven la discriminación.