Washington ha castigado a Karim Khan, del tribunal con sede en La Haya, por presentar cargos contra líderes políticos israelíes.
Estados Unidos ha impuesto sanciones al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
La congelación de los activos estadounidenses de Khan, junto con una prohibición de viajes que le impide a él y a su familia ingresar al país, se promulgó mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero. La orden argumenta que las acciones de la CPI han “sentado un precedente peligroso” al someter a los estadounidenses a “acoso, abuso y posible arresto”.
“La CPI, sin una base legítima, ha afirmado su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares sobre personal de los Estados Unidos y algunos de sus aliados, incluido Israel, y ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas”, se lee en la orden.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la incorporación de Khan a la lista de “Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” , lo que impide a los estadounidenses realizar negocios con él.
La CPI ha condenado las sanciones y ha afirmado su compromiso con la “justicia y la esperanza para millones de víctimas inocentes de atrocidades”.
Naciones Unidas también criticó la medida estadounidense, destacando el papel de la CPI como “un pilar fundamental de la justicia internacional”.
Históricamente, Estados Unidos no ha reconocido la autoridad de la CPI. En 2020, la administración Trump sancionó a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, por las investigaciones sobre las acciones estadounidenses en Afganistán; esas sanciones fueron levantadas posteriormente por el presidente Joe Biden.
Sin embargo, Estados Unidos elogió a Khan después de que emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada de los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por la presunta deportación de niños ucranianos en 2023. Moscú desestimó la orden como “nula y sin valor”.
Las recientes sanciones han suscitado críticas internacionales. Una declaración conjunta de 79 Estados miembros de la CPI advirtió que podrían “erosionar el estado de derecho internacional”.
Khan, elegido fiscal de la CPI en 2021, anteriormente dirigió el Equipo de Investigación de las Naciones Unidas para los crímenes de Daesh/EI en Irak y ha trabajado en múltiples tribunales internacionales.
Un acuerdo entre la ONU y Estados Unidos permite normalmente a los funcionarios de la CPI viajar a Nueva York para recibir información. No está claro cómo afectarán las sanciones a la capacidad de Khan para cumplir con estas funciones.
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para imponer sanciones que cancelen las visas estadounidenses y coloquen restricciones financieras a cualquier funcionario de la CPI que procese a los “aliados” de Washington.
El anuncio se produce menos de dos semanas después de la visita del primer ministro israelí a Washington, durante la cual elogió la acción estadounidense contra el tribunal. Khan había acusado previamente a Netanyahu y a Gallant del “crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil” en Gaza.