La Comisión Europea está luchando por defender el Pacto sobre Migración y Asilo después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, redobló su negativa a implementar la legislación, poniendo en duda su viabilidad práctica.
En particular, la Comisión se abstuvo de comprometerse a emprender acciones legales contra Polonia o cualquier otro Estado miembro que eluda las cinco leyes interconectadas del Pacto.
La respuesta contrasta marcadamente con comentarios anteriores de funcionarios de alto nivel.
El año pasado, Ylva Johansson, ex comisaria europea de Interior, que participó en las reñidas negociaciones del Pacto, dijo que el ejecutivo “por supuesto actuaría y utilizaría -si fuera necesario- procedimientos de infracción” contra los países que no cumplieran.
Su sucesor, Magnus Brunner, se comprometió de forma similar durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo: “Si es necesario y está justificado, se podría iniciar un procedimiento de infracción”, dijo a los diputados.
Pero el lunes, la Comisión, encargada de garantizar la correcta aplicación del derecho de la UE, no repitió esa promesa.
“Lo que no vamos a hacer es entrar en ningún tipo de especulación sobre lo que sucedería si esto o aquello ocurriera. No tenemos la costumbre de responder a preguntas especulativas”, dijo un portavoz de la Comisión.
Cuando Euronews le preguntó si la Comisión seguía pensando que el Pacto era “vinculante” para los 27 Estados miembros, como había dicho en el pasado, el portavoz se mostró cauteloso.
“El Pacto entrará en vigor a mediados de 2026. Se está trabajando en ello. La Comisión está en estrecho contacto con todos los Estados miembros y presta su apoyo, cuando es necesario, para garantizar que todos los Estados miembros estén preparados para entonces”, afirmó el portavoz.
El funcionario no utilizó la palabra “vinculante” para describir la legislación.
Tusk dice no, punto final
El viernes no fue la primera vez que Donald Tusk amenazó con violar el Pacto Migratorio, pero fue la primera vez que lo hizo en presencia de su principal defensora: Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
“Polonia no implementará el Pacto Migratorio de una manera que introduzca cuotas adicionales de inmigrantes en Polonia”, dijo Tusk en una conferencia de prensa conjunta.
Aprobado en mayo del año pasado , el Pacto establece un conjunto complejo de reglas para gestionar colectivamente la llegada irregular de solicitantes de asilo. Se aplicará a partir de 2026.
Su pilar central es un novedoso mecanismo de “solidaridad obligatoria” que dará a los gobiernos tres opciones diferentes: reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo, pagar una contribución financiera o proporcionar apoyo operativo, como personal y equipamiento. Las reubicaciones deben alcanzar los 30.000 al año y las contribuciones financieras, 600 millones de euros.
Desde el principio hasta el final de las negociaciones, Polonia y Hungría se opusieron vigorosamente al Pacto en su conjunto y al mecanismo de solidaridad en particular, con afirmaciones engañosas de que les obligaría a acoger a inmigrantes contra su voluntad.
No se trata de un debate ideológico. Polonia se encuentra en una situación muy particular. Estamos sometidos a una enorme presión por la inmigración ilegal”, dijo Tusk el viernes. “Si alguien dice que se espera que Polonia asuma una carga adicional, independientemente de quién lo diga, mi respuesta es que Polonia no aceptará una carga adicional. Punto final”.
El primer ministro invocó dos factores para defender su negativa a cumplir: el gran número de refugiados ucranianos acogidos por Polonia, que estimó en dos millones, y los flujos migratorios que Bielorrusia y Rusia han instrumentalizado en la frontera oriental.
A su lado, Ursula von der Leyen, quien anteriormente elogió el Pacto como un logro “histórico” para garantizar el reparto de la carga en todo el bloque, prometió que la Comisión “tomará en cuenta” y “respetará” la solidaridad mostrada por Varsovia hacia los ucranianos.
El lunes, la Comisión intentó aclararlo, subrayando que los Estados miembros tendrán “plena discreción” para elegir entre tres medidas de solidaridad, pero nunca estarán “obligados” a reubicar a los solicitantes de asilo si no lo desean.
“El Pacto tiene en cuenta la situación migratoria específica de cada Estado miembro y prevé la flexibilidad necesaria para atender sus necesidades. Es el caso, por ejemplo, de la solidaridad con los miembros bajo presión. Y esto podría incluir a Polonia debido al gran número de refugiados ucranianos en Polonia”, afirmó el portavoz.
Según el Pacto, los países considerados bajo “presión migratoria” se beneficiarán de medidas de solidaridad. Por ejemplo, podrán reubicar a algunos solicitantes de asilo en otro Estado miembro o recibir apoyo financiero y equipamiento. Además, podrán beneficiarse de una exención parcial o total del sistema, es decir, no se les pedirá que reubiquen a los migrantes dentro de su territorio ni que contribuyan al fondo común.
Las exenciones se anunciarán en octubre, después de que la Comisión publique su informe anual en el que evalúa el nivel de presión migratoria.
Con sus enérgicas declaraciones, Tusk parece estar anticipándose al proceso de la Comisión para garantizar que Polonia obtenga una exención completa.
Sin embargo, no está claro si un país que se niega a implementar el Pacto podría beneficiarse de las medidas de solidaridad ofrecidas por otros países que sí lo implementan.
Polonia había exigido anteriormente una excepción en otro elemento del Pacto: los procedimientos fronterizos para registrar a los solicitantes de protección internacional.