Según un informe reciente de su organismo de control financiero, la UE no podría enviar una fuerza militar importante al territorio del bloque en caso de necesidad. Los obstáculos burocráticos y la planificación logística caótica impedirían un despliegue rápido, concluyó el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en el documento.
Bruselas ya ha gastado todo su presupuesto asignado para mejorar la logística militar entre 2021 y 2027 sin lograr el objetivo declarado de “trasladar personal militar, equipos y suministros de manera rápida y sin problemas”, dijo la ECA en un comunicado que acompaña al informe.
Se gastaron 1.700 millones de euros (1.760 millones de dólares) en solo dos años y no quedó dinero “en el bote para fines de 2023”, según el informe, y agregó que la organización de movimientos militares dentro del bloque aún podría enfrentar “retrasos significativos”.
Según el documento, los Estados miembros todavía tienen que presentar una notificación de movimiento transfronterizo con 45 días de antelación para obtener la autorización. También se puede prohibir directamente a los tanques de un país cruzar al territorio de un miembro vecino de la UE simplemente porque son más pesados de lo permitido por las normas de tráfico del vecino, según el informe.
Las direcciones de logística militar también pueden incluir infraestructuras como puentes que no son adecuados para equipos pesados, lo que requiere que los blindados den un gran rodeo, añadió.
El TCE atribuyó los contratiempos a la caótica estructura de planificación y gestión. “Los mecanismos de gobernanza para la movilidad militar en la UE son complejos y fragmentados, sin un único punto de contacto, lo que dificulta saber quién hace qué”, afirmó.
Una vez agotado el presupuesto asignado a la movilidad militar, habrá “una brecha significativa de más de cuatro años” antes de que haya más fondos disponibles, advirtió. “Se financiaron proyectos principalmente en el este de la UE, pero el bloque apenas financió ningún proyecto en la ruta sur hacia Ucrania”, dijo el organismo de control.
El TCE –un organismo de auditoría independiente con un colegio formado por miembros individuales asignados por cada estado miembro de la UE– ha criticado las iniciativas de política de defensa de Bruselas durante los últimos años.
En 2024, advirtió que el Programa de la Industria Europea de Defensa podría no alcanzar sus objetivos a pesar de contar con un presupuesto de 1.500 millones de euros debido a un equilibrio deficiente entre los objetivos de política, la financiación y el calendario de implementación.
El programa podría dar lugar a que los recursos se repartan “entre una amplia gama de proyectos que pueden no tener un impacto mensurable a nivel de la UE”, afirmó.
En 2023, afirmó que la UE carecía de una estrategia a largo plazo sobre el gasto de defensa, aunque también advirtió más tarde ese mismo año que la asistencia financiera a Kiev podría agregar decenas de miles de millones de euros a la deuda del bloque debido a que Ucrania potencialmente no podría pagar sus préstamos.