La decisión de Donald Trump de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) corre el riesgo de poner en peligro la búsqueda de justicia en Ucrania, advirtió la Comisión Europea, expresando su pleno apoyo a la independencia e imparcialidad del tribunal.
Desde marzo de 2022, la CPI ha estado investigando denuncias de crímenes de guerra en Ucrania y emitió órdenes de arresto contra seis altos funcionarios del Kremlin, incluido el presidente Vladimir Putin, quien está acusado de ordenar la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Imponer sanciones a funcionarios de la CPI podría obstaculizar estas investigaciones al dificultarles viajar por todo el mundo y acceder a los fondos necesarios.
“La CPI garantiza la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y da voz a las víctimas de todo el mundo. Debe poder luchar libremente contra la impunidad global”, afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Un portavoz de la Comisión expresó su “pesar” por la orden ejecutiva de Trump y dijo que “representa un serio desafío al trabajo de la CPI con el riesgo de afectar las investigaciones y procedimientos en curso, incluso en lo que respecta a Ucrania, lo que impacta años de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas en todo el mundo”.
La comisión seguirá de cerca las “implicaciones” de la decisión de Trump y “evaluará posibles pasos adicionales”, añadió el portavoz, sin proporcionar más detalles.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, expresó un mensaje similar de condena: “Sancionar a la CPI amenaza la independencia de la Corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”, dijo el viernes.
El día anterior, Costa se había reunido en Bruselas con la jueza Tomoko Akane, actual presidenta de la CPI, y elogió a la institución por desempeñar un “papel esencial a la hora de impartir justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horrendos del mundo”.
El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, cuyo país alberga la CPI en La Haya, también lamentó la decisión de la Casa Blanca.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el jueves acusa a la CPI de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel” y de establecer un “precedente peligroso”, en referencia a la investigación en curso del tribunal sobre posibles crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El año pasado , la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante militar de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, también conocido como Mohammed Deif, cuya muerte luego se confirmó.
El tribunal sostiene que Netanyahu y Gallant son responsables de cometer “el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos” durante la ofensiva israelí contra Hamás.
Actualmente se ha establecido un frágil alto el fuego.
La CPI llama a la uniidad
Se espera que todos los signatarios del Estatuto de Roma cumplan con las órdenes de arresto emitidas por la corte, que carece de los medios para hacer cumplir sus decisiones y depende de los Estados partes para proporcionar los recursos necesarios, incluso arrestando a cualquier sospechoso que ponga un pie en su territorio.
Sin embargo, el cumplimiento de esta medida es desigual. En septiembre, Mongolia, miembro de la CPI, se negó a hacer cumplir la orden de arresto contra Vladimir Putin cuando el líder ruso visitó el país.
En una declaración condenando la orden ejecutiva de Trump, la CPI pidió a los 125 Estados partes del Estatuto de Roma que “permanezcan unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales”.
“La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, afirmó la CPI.
Las sanciones llegan poco después de la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, durante la cual Trump anunció un plan para “tomar el control” de Gaza, desplazar a 1,8 millones de palestinos y convertir el devastado enclave en la “Riviera del Medio Oriente”. La impactante propuesta fue recibida con una inmediata y enérgica condena internacional.