Una coalición de 38 países, incluidos todos los miembros de la Unión Europea, anunció el martes “un gran progreso” en su trabajo conjunto para establecer un tribunal especial para juzgar a los dirigentes rusos por el crimen de agresión cometido contra Ucrania.
Hasta ahora, el trabajo de los expertos y abogados se ha centrado en redactar el estatuto jurídico que servirá de base al tribunal y determinará su jurisdicción. El estatuto aún no es definitivo, pero la coalición espera que pueda ser aprobado antes de fin de año.
Los detalles del texto no se han hecho públicos.
“Estamos en un punto en el que se han logrado avances muy importantes”, afirmó Michael McGrath, Comisario Europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho.
En este momento no prevemos ningún obstáculo insuperable”.
El tribunal, que se creará en el marco del Consejo de Europa, una organización de defensa de los derechos humanos, juzgará a los dirigentes políticos y militares rusos, incluido el presidente Vladimir Putin. Su secretario general, Alain Berset, afirmó que la institución estaría “dispuesta a actuar” una vez que el mandato reciba luz verde a nivel político.
“Esperar no es una opción. Debemos actuar lo más rápido posible y haremos todo lo posible para intentar terminar el trabajo este año”, dijo Berset, hablando junto a McCrath.
“Tenemos que ser muy ambiciosos. Y creo que si hay voluntad, también existe la posibilidad de trabajar para lograrlo”.
La idea de crear un tribunal para el crimen de agresión ha sido defendida ardientemente por el presidente Volodymyr Zelenskyy para garantizar la rendición de cuentas por la invasión a gran escala, que Putin ordenó lanzar hace casi tres años.
A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, que se aplican a los individuos que cometen las atrocidades, como los oficiales militares y los mercenarios, el crimen de agresión es un crimen de liderazgo que tiene como objetivo a la persona en última instancia encargada de controlar el estado agresor.
La agresión puede consistir en una invasión, una ocupación, una anexión, un bloqueo de puertos o cualquier otro asalto que implique el uso de armas por un Estado contra otro.
Según la Corte Penal Internacional (CPI), el crimen de agresión se refiere a “la planificación, preparación, iniciación o ejecución, por una persona en posición de ejercer efectivamente control o dirigir la acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que, por su carácter, gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.
Esto hace que Putin sea el acusado más probable en un futuro juicio. Sin embargo, esa posibilidad sigue siendo, en el mejor de los casos, una aspiración abstracta : los jefes de Estado gozan de inmunidad ante el procesamiento conforme al derecho internacional y un juicio en ausencia corre el riesgo de ser considerado ilegítimo.
Aunque la CPI estableció su jurisdicción sobre los crímenes de agresión en virtud de las llamadas Enmiendas de Kampala , esto sólo se aplica a los países y ciudadanos de los países que son parte del Estatuto de Roma. Rusia, al igual que Estados Unidos y China, no es signataria.
Es por esto que Kiev y Bruselas han explorado la opción de crear un tribunal ad hoc que estaría facultado para juzgar el caso específico de la guerra de Rusia contra Ucrania.
“Sin el crimen de agresión tampoco habría crímenes de guerra”, afirmó la Alta Representante Kaja Kallas, quien también habló en la conferencia de prensa del martes.
“Por eso es sumamente importante que también haya rendición de cuentas por el crimen de agresión. Ningún ciudadano de Rusia ni ningún miembro de su dirigencia es intocable”.
“También es muy importante enviar la señal de que los crímenes impunes sólo alientan más agresiones”, añadió.
Kallas señaló que el tribunal especial debería establecerse “antes de que termine la guerra”.
Iryna Mudra, jefa adjunta de la oficina de Zelenskyy, quien también participó en la conferencia de prensa, elogió el progreso del estatuto legal como un “gran avance” y dijo que ningún otro nacional debería ser “víctima de otra conquista imperial”.
La última vez que este tipo de delito fue llevado ante la justicia fue durante los juicios de Núremberg, celebrados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cargos fueron conocidos como “crímenes contra la paz”.