El Gobierno ha llegado este martes de forma ‘in extremis’ a un acuerdo con Junts para aprobar un nuevo decreto con ayudas sociales.
Al final,el Ejecutivo ha sacado medidas económicas que iban en la ley ómnibus que decayó la semana pasada para que los independentistas acepten un nuevo decreto, al tiempo que cede y acepta que la Mesa del Congreso tramite la proposición no de ley de los posconvergentes que pide que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Según ha informado el propio jefe del Ejecutivo en rueda de prensa, el decreto aprobado este martes incluye la subida de pensiones de acuerdo al IPC, descuentos en el transporte o ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma.
También se mantiene la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que ocupen pisos de propietarios de más de diez viviendas (así como el derecho de los caseros a pedir una compensación económica al Estado) y se incluye una línea de avales del Estado para aquellos caseros que alquilen al índice de referencia de arrendamiento.
Sobre la cuestión de confianza, y ante las preguntas de los periodistas de si se someterá a la misma, Sánchez ha querido dejar claro que es una potestad que corresponde a la Presidencia del Gobierno, no a lo que pida el Congreso. “Es una prerrogativa constitucional y el Gobierno no ve necesidad de hacerlo”, ha subrayado. En todo caso, la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, tendrá que tramitar la iniciativa para pedir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza que, hasta ahora, el Ejecutivo tildaba de “extemporánea”.
Al respecto, Sánchez ha querido detallar que en el texto de Junts se reconocerá “lo que dice la Constitución”, es decir, que la iniciativa incluirá una mención expresa a que la competencia constitucional de una moción de confianza “recae” en la Presidencia del Gobierno.
Sánchez ha celebrado este acuerdo y ha agradecido la “actitud” y “aptitud” de sus ministros, que no han dado “por perdido” ningún partido, han “sudado la camiseta hasta el final” y “al final, las cosas salen”. “Hemos negociado hasta la extenuación y buscado apoyos para mejorar el bienestar a la gente”, ha plasmado Sánchez que, a partir de este acuerdo, ha dispuesto ir “partido a partido” en las negociaciones.
También ha agradecido y reconocido el trabajo de los grupos. “Desde posiciones alejadas son capaces de pensar en lo común, en el interés general y en llegar a acuerdos en beneficio de la gente”, ha apostillado. Según Sánchez, el “ruido” que ha percibido la ciudadanía durante estos días y que “puede resultar incómodo” es, en todo caso, “mejor” que el “silencio de las autocracias”.
Sánchez ha reconocido la “incertidumbre y la inquietud” que ha provocado que el decreto cayese el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, pero ha asegurado que “desde ese instante”, el Gobierno se puso a trabajar “para encontrar una solución”. Y tras “una larga negociación”, ha confirmado la aprobación en el Consejo de Ministros de este “nuevo decreto social” que, en este caso, contiene “la práctica totalidad de las medidas”, un total de 29.
Entre las mismas está la revaloración de las pensiones, las ayudas a la DANA, al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma. Pero también hay una medida adicional que ya había sido anunciada por el Ejecutivo hace dos semanas, que es la línea de avales del Estado para aquellos caseros que alquilen al índice de referencia de arrendamiento.