Una vez investido como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha puesto en marcha desde este mismo lunes una serie de medidas, a través de la firma de órdenes ejecutivas. El magnate, que ha detallado ampliamente en su discurso las prioridades de su segundo mandato, ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México.
Esta declaración autoriza el uso de las fuerzas militares en la frontera con México para “asegurar” esa linde y repeler “formas de invasión”, incluyendo la migración hacia EEUU y el tráfico de drogas. El documento ordena a las autoridades “deportar inmediatamente” a todos los migrantes que entren de manera irregular en EEUU, indicando que se restaurarán las deportaciones en caliente.
El presidente puso también ha puesto fin a dos programas que fueron creados por su antecesor, Joe Biden (2021-2025), para disuadir la migración irregular: la aplicación móvil CBP One y el permiso humanitario (conocido como ‘parole’) para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
A través de CBP One, los migrantes que estaban en territorio mexicano podían rellenar un formulario con sus datos y solicitar una cita para presentarse a un puerto de entrada de la frontera sur.
A través de esta aplicación, que empezó a funcionar en enero de 2023, más de 930.000 personas se presentaron para que las autoridades procesaran sus casos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El parole:que consistía en un permiso para viajar a EE.UU. por avión- permitió la entrada de más de 531.000 migrantes de los cuatro países beneficiarios.
Emergencia nacional para proteger la frontera y construir el muro
La declaración de emergencia nacional ayudará al flamante nuevo presidente a militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EEUU sin un estatus legal.
No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer”, señaló durante su primer discurso como líder del país.
En Estados Unidos, el presidente tiene la potestad de invocar la emergencia nacional para asumir o activar poderes extraordinarios para afrontar situaciones de seguridad nacional. La ley que regula la emergencia nacional, que data de 1976, permite a presidente desbloquear capacidades y recursos en tiempos de emergencia, si bien el Congreso puede decretar el fin de la emergencia.
Al declarar la situación de emergencia nacional en la frontera sur, Trump podrá movilizar fondos públicos para, por ejemplo, reforzar la protección y las barreras fronterizas entre México y Estados Unidos, lo que le permitirá financiar la construcción del famoso muro fronterizo, una vieja promesa de campaña durante su primer mandato.
Los cárteles y bandas, “organizaciones terroristas” y ‘enemigos extranjeros’ de Estados Unidos
En la misma línea, Trump ha designado como organizaciones terroristas extranjeras e invocar sobre ellos la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta norma, aprobada en 1798, permite al presidente autorizar la detención de ciudadanos extranjeros de países considerados enemigos de Estados Unidos.
La polémica ley fue aplicada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial: entonces, el presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó la detención y reubicación de inmigrantes japoneses, alemanes, austro-húngaros e italianos residentes en EEUU. Sin embargo, la aplicación de esta norma en tiempos de paz contra un país con el que Estados Unidos no está en guerra da lugar a muchas dudas jurídicas.
Trump asegura que utilizará el “inmenso poder federal” para eliminar a “las bandas extranjeras y redes delictivas que traen crimen devastador a territorio estadounidense”. Designar a los cárteles y sus redes como organizaciones terroristas globales permitiría al Gobierno actuar con medidas especiales contra ellos.
Trump quiere poner fin a los derechos de asilo y ciudadanía por nacimiento
Trump ha firmado también un decreto que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, un derecho protegido por la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos
La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.
Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional y esto supondría una reforma constitucional, algo que Trump no puede hacer por sí solo. Además, esta decisión también implicaría todo tipo de reclamaciones e impugnaciones legales, por lo que aún no está claro como se afrontaría esta pretensión.
También a través de un decreto, Trump ha ordenado pausar por tres meses el programa de refugiados de EEUU, que permite la entrada en el país de personas que huyen de la guerra o la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, participación en un grupo social o ideología política.
El Gobierno de Biden había aumentado la cantidad de refugiados admitidos en este programa – con una máximo de 125.000 personas al año-, tras haber alcanzado bajos históricos en 2021 durante el último año del Gobierno de Trump.