Los Estados miembros de la UE están aplicando un doble rasero a la hora de hacer cumplir las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI), según el ex alto responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell.
Señaló que, si bien los miembros del bloque han pedido que se ejecute una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, no han mostrado el mismo compromiso con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Borrell destacó que los países de la UE, como signatarios del Estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI, tienen la obligación legal de hacer cumplir sus decisiones.
“La selección de casos a la hora de aplicar el Estatuto de Roma es incomprensible”, dijo Borrell en una declaración en X el viernes.
“¿Cómo podemos esperar que terceros países hagan cumplir la orden de arresto de la CPI contra Putin (¡cosa que deberían hacer!) y luego decir que no la haremos cumplir contra Netanyahu?”, argumentó.
En noviembre del año pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu, así como contra el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el comandante de Hamás Ibrahim al-Masri, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el conflicto en Gaza. Antes de eso, en marzo de 2023, el tribunal con sede en La Haya también emitió una orden de arresto contra Putin por cargos de crímenes de guerra relacionados con la presunta deportación forzada de niños ucranianos a Rusia.
Muchos países de la UE han hecho declaraciones contradictorias sobre la decisión de la CPI sobre Netanyahu, prometiendo apoyar la labor del tribunal en general, pero negándose a comprometerse a arrestarlo. Sólo un puñado de miembros se han comprometido a arrestar al primer ministro si pone un pie en su territorio, mientras que Hungría dijo explícitamente que no haría nada. La decisión de la CPI también provocó duras críticas de Israel y su aliado clave, Estados Unidos. Ninguno de los dos países reconoce la autoridad del tribunal.
Mientras tanto, la mayoría de los países de la UE se han mostrado inflexibles en cuanto a la ejecución de la orden de arresto contra el presidente ruso. Después de que Putin visitara Mongolia, un estado miembro de la CPI, en septiembre de 2024, el bloque emitió una declaración criticando al país por no detenerlo.
El portavoz principal de la UE, Peter Stano, dijo en ese momento que el bloque expresó “su más firme apoyo a los esfuerzos para garantizar la plena rendición de cuentas” por los presuntos crímenes de guerra de Rusia y pidió la plena cooperación de todas las partes de la CPI en la cuestión del arresto de Putin.
Según Borrell, estos dobles raseros en la aplicación de las decisiones de la CPI están “erosionando” la “credibilidad del bloque como comunidad de derecho”.
Rusia es una de las naciones que no reconocen la autoridad del tribunal y ha dicho en repetidas ocasiones que considera nulas y sin valor sus decisiones. Moscú rechazó las acusaciones de la CPI contra Putin por absurdas, afirmando que los niños en cuestión fueron evacuados legalmente de la zona de guerra y no secuestrados, y que Moscú está dispuesta a devolverlos a sus familias si presentan las solicitudes correspondientes.
Kiev ha confirmado posteriormente que muchos de los niños que inicialmente se enumeraron como secuestrados estaban en realidad con sus familias en terceros países. Las órdenes de arresto de la CPI provocaron una respuesta legal en Rusia, donde los funcionarios responsables de ellas se enfrentan a procesos penales.