España arrastra para este 2025 un problema del año pasado: la inmigración.Tras cerrar diciembre con récords de llegadas por mar, que se dispararon estas Navidades, el Gobierno debe retomar ahora la negociación de la reforma de la ley de extranjería, una de las grandes tareas pendientes de 2024.
Arranca el nuevo año y, sin embargo, el ambiente parece ser el mismo. Los tres actores principales en las conversaciones de la reforma legislativa —Moncloa, el PP y Canarias— parecen ir por libre, mientras sobrevuelan los reproches entre unos ante la falta de acuerdo.
La reforma, en principio, aspira a imponer la reubicación de los supuestos menores migrantes no acompañados que son competencia de las comunidades cuando un territorio esté sobresaturado. La urgencia, teniendo en cuenta que Canarias y Ceuta llevan meses con sus sistemas de acogida desbordados, la reconocen todos.
Es el cómo atajar esta situación lo que está impidiendo que, al final, no se llegue a ninguna solución. Este mismo jueves, apenas dos días después de empezar el año, ya trascendieron las primeras acusaciones políticas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recriminó al dirigente canario, Fernando Clavijo, que atacase “injustamente” a la Moncloa para no enfadar al PP, con quien cogobierna en el archipiélago.
Torres aseguró que el Gobierno está involucrándose en la acogida de los menores migrantes pese a ser una competencia autonómica, y recordó que fueron los de Génova quienes tumbaron la tramitación de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.
En ella se establecía un nuevo mecanismo de “solidaridad obligatoria” entre todas las autonomías, para que aquellos territorios fronterizos no fuesen quienes absorbieran el grueso de la tutela de esos niños y adolescentes extranjeros. “Si el 23 de julio el PP hubiese votado sí a la admisión a trámite, hoy estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta”, apostilló en una entrevista a la Cadena Ser.
Canarias presenta su propia propuesta
Para Clavijo, sin embargo, sí que es justo haber adoptado una actitud más dura con el PSOE, ya que es el partido que está al frente del Gobierno central y en quien considera que recae la mayoría de la responsabilidad. Según subrayó también este jueves, es Moncloa quien tiene “las competencias en inmigración, exterior, interior y control de fronteras”, con lo cual sostiene que “no hay nada que le impida legalmente dar un paso al frente y asumir la distribución de los menores”. Aunque también exigió un mayor compromiso del PP, a quien ha pedido que de un paso adelante y contribuya a dar con un texto legislativo que permita reubicar aparte de los casi 6.000 menores migrantes que actualmente tutela el archipiélago, esto es, casi tres veces más que su capacidad de acogida.
“No podemos quedar dándonos contra un muro”, defendió Clavijo, en una llamada más al consenso. De ahí que el dirigente haya decidido elaborar su propia reforma, buscando él mismo el apoyo de las comunidades autónomas. Este jueves, el presidente canario envió a los presidentes autonómicos una carta firmada junto al lehendakari, Imanol Pradales, en la que detallan una propuesta de acuerdo “sobre la aplicación del principio de solidad territorial”.
En la misiva a la que ha tenido acceso 20minutos, piden al Gobierno central que active un “mecanismo extraordinario” para resolver la situación que viven Canarias, Ceuta y País Vasco; y le recuerdan que tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de los menores con “fondos estatales y europeos”. Entre otras medidas, ambos presidentes abogan por un modelo de distribución basado en cinco indicadores: población, acogida (menores acogidos en los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo, y solidaridad (menores acogidos en los últimos cinco años).
Ya en diciembre, Clavijo avanzó que este enero iba a presentar una propuesta de decreto para acelerar esa distribución extraordinaria mientras seguía la negociación de la reforma. El presidente de Canarias sostuvo también que aprobar ese decreto es “una cuestión de voluntad” del Ejecutivo central, ya que, según asegura, Junts está dispuesto a apoyarlo (algo que no hizo durante la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería), lo que garantizaría una mayoría para que la medida salga adelante.
Europa estudia endurecer la política migratoria
También en Bruselas la inmigración será un asunto principal. Después de que el pasado año varios países como Alemania o Italia endureciesen su política migratoria, la Comisión Europea reconsideró la posibilidad de abrir centros de deportación en terceros países, como hizo la presidenta italiana, Giorgia Meloni, en Albania. Todo ello a pocos meses de aprobarse el nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, que, aunque en principio no entra en vigor hasta 2026, Sánchez pidió adelantar ese escenario para que las herramientas que provee en materia de control migratorio puedan empezar a usarse en el verano de 2025.
España rozó su récord de llegadas irregulares en 2024
Mientras tanto, las cuatro rutas migratorias hacia España siguen abiertas, tras cerrarse un 2024 que roza el récord de 2018 y que evidencia una tendencia al alza en el número de llegadas irregulares. Un total de 63.970 migrantes arribaron a España de forma irregular de enero a diciembre del año pasado, esto es, un 12,5% más que los registrados en 2023 y el doble de los 31.219 que llegaron por mar y tierra hace dos años, en 2022.
La gran mayoría de las llegadas (61.323) se produjeron por vía marítima, siendo la ruta canaria la predominante, con unos números sin precedentes en su historia.
El informe cifra en 46.843 los migrantes que llegaron en cayucos al archipiélago a lo largo de todo 2024, lo que supone un incremento del 17,4% respecto al año anterior y del 198% en comparación con las 15.682 llegadas a Canarias de 2022. Solo en la última quincena del año llegaron más de 3.000 migrantes por el Atlántico a través de una de las rutas más peligrosas que existen hacia Europa.
Y la previsión es que el ritmo continúe. Pedro Sánchez ya expresó en agosto su apuesta por una migración circular que pretende impulsar para formar y contratar a migrantes en origen para trabajo estacional en España.
Con ese objetivo firmó sendos acuerdos en su gira por África con Mauritania, Gambia y Senegal, algo que le valió críticas del principal par5tido de la oposición, que alega que esta medida puede generar un “efecto llamada” de la inmigración