Trece soldados de la República Democrática del Congo han sido condenados a muerte en un intento de imponer la disciplina militar, informó Reuters el miércoles, citando a funcionarios locales. Las condenas, dictadas por un tribunal militar de la provincia de Kivu del Norte, incluían cargos de asesinato, saqueo y cobardía.
El fallo se produce en un momento en que las fuerzas gubernamentales luchan contra los grupos rebeldes en las volátiles regiones orientales del país. El ejército ha tenido dificultades para mantener la disciplina entre sus tropas, ya que se enfrenta a la violencia persistente de los insurgentes. El portavoz del ejército, Mak Hazukay, dijo que los actos de indisciplina, incluidas las deserciones y los enfrentamientos internos, han permitido a los rebeldes obtener avances territoriales.
“Algunos de los soldados que se supone que deben luchar contra el enemigo en el frente han mostrado cierta indisciplina. Tuvimos que organizar esta prueba educativa para corregir las cosas”, dijo Hazukay a Reuters.
En total, 24 militares fueron sometidos a juicio. Cuatro de ellos recibieron penas de prisión de entre dos y diez años, seis fueron absueltos y un caso sigue bajo investigación.
El fiscal militar congoleño, Kabala Kabundi, dijo que los juicios tenían como objetivo “ayudar a restablecer la confianza entre los militares y la población”. Agregó que los condenados se declararon inocentes y tienen cinco días para apelar sus sentencias.
No es la primera vez que el ejército de la República Democrática del Congo impone duras sanciones. En julio del año pasado, un tribunal militar de Butembo condenó a muerte a 25 soldados por deserción durante enfrentamientos con los rebeldes. Ese mismo mes, otros 16 soldados fueron condenados a muerte por huir de los combates en la provincia de Kivu del Norte y otros seis en un caso separado.
La República Democrática del Congo permite la pena capital, aunque había observado una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 2003. El gobierno levantó la moratoria en marzo de 2024, lo que provocó un aumento de las condenas a muerte, en particular para el personal militar.
La ministra de Justicia, Rose Mutombo Kiese, dijo en ese momento que el restablecimiento de la pena de muerte era necesario para frustrar los delitos relacionados con las bandas, librar al ejército del país de traidores y frenar la colaboración de los locales con los insurgentes criminales.
Los grupos de derechos humanos han criticado el restablecimiento de la pena de muerte, especialmente su aplicación al personal militar. Los críticos sostienen que la práctica no aborda problemas más profundos dentro de las fuerzas armadas, como la mala formación, la falta de recursos y la corrupción. En cambio, han estado pidiendo reformas para fortalecer la eficacia de las fuerzas armadas.