Las agencias federales de Estados Unidos han iniciado al menos tres revisiones para determinar si Elon Musk y su empresa SpaceX cumplieron con los protocolos de informes de seguridad diseñados para salvaguardar los secretos de estado, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron con el New York Times.
Musk posee actualmente una autorización de seguridad de alto secreto en SpaceX, el nivel más alto otorgado por la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa. Esta autorización le permite acceder a información clasificada altamente sensible, incluida tecnología militar estadounidense avanzada, pero está obligado a informar detalles de su vida privada bajo las reglas de “investigación continua”.
Las investigaciones se desencadenaron por supuestas fallas reiteradas a la hora de informar detalles cruciales sobre los viajes y otras actividades de Musk, incluidas reuniones con líderes extranjeros, informó el NYT el martes.
Los empleados de SpaceX responsables de garantizar el cumplimiento supuestamente han expresado su preocupación por las prácticas de presentación de informes laxas dentro de la empresa desde al menos 2021. Pero según la publicación, las quejas alcanzaron un “punto de inflexión” tras el apoyo público de Musk al presidente electo Donald Trump y su creciente “influencia” potencial en la próxima administración.
Los traidores del estado profundo me persiguen, usando a sus cómplices pagados en los medios tradicionales. Prefiero no iniciar peleas, pero las termino”, escribió Musk en X el martes, respondiendo a las acusaciones del NYT.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa abrió su investigación este año, mientras que la Fuerza Aérea y la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad del Pentágono iniciaron investigaciones separadas el mes pasado, informó el NYT. Las agencias se han negado a confirmar o negar oficialmente la existencia de estas revisiones y no han acusado al multimillonario sudafricano de revelar material clasificado.
El mes pasado, la senadora Jeanne Shaheen, demócrata de New Hampshire y miembro de los Comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores del Senado, expresó su preocupación por la posibilidad de que Musk revele información confidencial sin darse cuenta.
En una carta al Inspector General del Pentágono y al Fiscal General de Estados Unidos, Shaheen y el senador Jack Reed de Rhode Island citaron un artículo de octubre del Wall Street Journal que afirmaba que Musk había tenido múltiples conversaciones con funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin en 2022. El periódico se basó en fuentes anónimas y no proporcionó ninguna prueba para respaldar las afirmaciones.
Musk ha desestimado las acusaciones, refiriéndose a los senadores como “títeres” y cuestionando quién estaba detrás de la carta. “¿Quién escribió esto realmente e hizo que esos idiotas la firmaran?”, escribió en X en ese momento.
“Habrá consecuencias para quienes promovieron mentiras sobre la interferencia extranjera”, prometió el mes pasado, amenazando con tomar medidas contra funcionarios y políticos que hagan acusaciones infundadas. “Voy a averiguar quién está haciendo estas acusaciones y los bombardearé con armas nucleares”.
Las acusaciones de vínculos entre Musk y Rusia se hacen eco de acusaciones similares formuladas contra Donald Trump durante su primer mandato. Las afirmaciones generalizadas, alimentadas por informes de los medios de comunicación e investigaciones no concluyentes, se utilizaron para socavar su presidencia, pero luego se descubrió que no tenían fundamento. El Kremlin también ha negado las afirmaciones de que Musk se comunicaba frecuentemente con Putin, y ha calificado las acusaciones como otro ingrediente “arrojado” a las luchas políticas estadounidenses.
Musk ha apoyado activamente al presidente electo y se ha convertido en una figura cada vez más influyente en su equipo. Trump ha elegido a Musk y al empresario Vivek Ramaswamy para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una nueva iniciativa encargada de reducir el despilfarro gubernamental y agilizar la burocracia federal.