El Gobierno argentino implementó recortes drásticos en los beneficios previsionales. Los cientos de jubilados que reclamaron fueron reprimidos. Qué esperar de el recorte que cada vez aprieta más a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
El lunes, El Programa de Asistencia Médica Integra, (PAMI), ente encargado de proveer medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, anunció que solo podrán acceder a la cobertura total de medicinas aquellas personas con ingresos menores a 1,5 haberes mínimos (aproximadamente 388.500 pesos o 360 dólares).
La medida no solo excluye a más de 1,7 millones de personas sino que además impone una serie de trámites y burocracias que muchas veces se transforma en una barrera infranqueable para quienes realizaron aporte al sistema durante toda una vida y que hoy les restringen el acceso a los fármacos que acumulan aumentos de 259% en promedio en lo que va de 2024.
El cambio, además, es parte de un plan más amplio del gobierno del presidente Javier Milei, enfocado en ajustes económicos que han golpeado especialmente a los sectores más vulnerables. El pretexto es achicar lo que desde el Gobierno consideran como «gasto» para así poder garantizar un balance positivo en las cuentas.
En tanto, según un informe de la Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria farmaceutica y las importadoras del sector tuvieron un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 326,7% respecto al segundo trimestre de 2023.
Recorte en medicamentos
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, calificó la medida como un «reordenamiento» necesario de los recursos, pero las consecuencias han sido devastadoras. Los jubilados que quieran mantener el beneficio deberán realizar un trámite para acceder a un «subsidio social», lo que genera barreras adicionales para quienes ya enfrentan dificultades económicas. Además, el trámite puede tardar hasta 30 días, durante los cuales los afectados no recibirán cobertura completa.
“Nos están cobrando el 100% de todos los remedios que nos correspondían gratis”, expresó un jubilado en la protesta realizada el miércoles 4 de diciembre frente a la sede del PAMI. Otro manifestante denunció: “Directamente nos están diciendo ‘señores, muéranse tranquilos, no jodan más’”.
El recorte en medicamentos no es un hecho aislado. Desde que asumió el poder, el gobierno de Milei ha implementado políticas que han reducido significativamente el poder adquisitivo de los jubilados. Entre las medidas más relevantes se encuentran:
Eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria: El gobierno derogó el mecanismo que ajustaba los haberes según la inflación y los ingresos estatales, sustituyéndolo por una fórmula que solo mide la inflación mensual. Aunque esto previene nuevas pérdidas de poder adquisitivo, también imposibilita su recuperación, manteniendo los haberes en niveles históricamente bajos.
Congelamiento del bono extraordinario: Desde marzo de 2024, el bono para jubilados que perciben el haber mínimo permanece congelado en 70.000 pesos. Según estimaciones, debería haberse ajustado a cerca de 135.000 pesos para diciembre. Este congelamiento representa una pérdida mensual de más de 65.000 pesos para los beneficiarios.
Devaluación y ajuste presupuestario: La acelerada devaluación de la moneda desde noviembre de 2023 ha incrementado drásticamente los precios de bienes y servicios esenciales. A su vez, el presupuesto 2025 no contempla aumentos significativos en el bono previsional ni medidas para mitigar esta pérdida de ingresos.
Movilizaciones y represión
Las protestas de los jubilados, han tomado volumen en el último año ante la pérdida de poder adquisitivo y la restricción de sus derechos. Como cada miércoles, ayer cientos de personas marcharon desde la sede central de la institución hasta el Congreso Nacional, en una movilización organizada por decenas de organizaciones que se reproducen como respuesta a la presión ejercida por el Gobierno de Javier Milei.
En numerosas ocasiones, las manifestaciones han sido reprimidas brutalmente, con la utilización de gases, palos, y hasta balas de goma contra los ancianos. «Lloro por la injusticia, no pensé que íbamos a vivir esto», declara Miriam, una jubilada entre lágrimas durante la movilización. Este miércoles no fue la excepción, y el operativo policial incluyó el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes, lo que provocó múltiples denuncias de abuso por parte de organizaciones de derechos humanos.
Pese a los palos, los jubilados y jubiladas insisten: No tengo ni para comer, así que por eso estoy acá, porque no tengo nada. Otro expresó su indignación: Hace un año que este gobierno nos está haciendo pelota, directamente.
La exclusión de más de 1,7 millones de jubilados del sistema de medicamentos gratuitos amenaza con agravar la ya precaria situación de este sector. Según datos oficiales, un alto porcentaje de jubilados en Argentina depende de estos beneficios para acceder a tratamientos esenciales. Sin ellos, el deterioro en su calidad de vida será inevitable.
Además, las nuevas barreras burocráticas para acceder al subsidio social podrían dejar a miles de personas sin cobertura durante semanas o meses, tiempo crítico para quienes necesitan medicación continua. Al mismo tiempo, las políticas de ajuste presupuestario han debilitado la red de seguridad social, haciendo más difícil para los jubilados afrontar las crecientes demandas económicas.