Un caso legal crucial entre The New York Times y la Comisión Europea, que se celebró el viernes en Luxemburgo, podría establecer un nuevo punto de referencia para el acceso público a los documentos de la UE.
El caso fue iniciado por la ex jefa de la oficina del New York Times en Bruselas, Matina Stevis-Gridneff, y se centra en cuestiones de transparencia en torno a la adquisición de vacunas durante la pandemia de COVID-19, con especial énfasis en el hecho de que la Comisión no revelara los mensajes de texto enviados entre la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.
En abril de 2021, The New York Times informó sobre mensajes de texto intercambiados entre von der Leyen y Bourla sobre contratos de vacunas.
La publicación descubrió la existencia de estos mensajes durante las entrevistas con Bourla, pero tuvo que hacer frente a obstáculos a la hora de solicitar acceso a ellos. La Comisión afirmó que no podía facilitar los textos.
Tras repetidos intentos fallidos de obtener los mensajes, The New York Times elevó el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en enero de 2023.
Los argumentos centrales
Si bien el caso se originó a partir de la adquisición de vacunas durante la pandemia, la cuestión central gira en torno a la transparencia.
El New York Times sostiene que, según la normativa de 2001 de la UE sobre el acceso público a los documentos, los mensajes de texto califican como “documentos” y deberían conservarse y ponerse a disposición de quienes los soliciten.
El reglamento define un documento como “todo contenido, cualquiera que sea su soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como registro sonoro, visual o audiovisual), relativo a un asunto relacionado con las políticas, actividades y decisiones dentro del ámbito de responsabilidad de la institución”.
El New York Times sostiene que la Comisión no documentó ni registró adecuadamente los mensajes de texto. Sin embargo, los abogados de la Comisión sostienen que los mensajes de texto, por su naturaleza, tienen una vida corta y no cumplen los criterios para su inclusión en el sistema de gestión de documentos de la institución.
La Comisión sostiene además que dichos textos sólo se habrían registrado si contuvieran información sustancial que requiriera acción o seguimiento.
Las declaraciones del director general de Pfizer, Albert Bourla, en la entrevista sugieren que los textos se limitaron a conversaciones privadas entre él y von der Leyen, según la Comisión.
A pesar de una búsqueda “renovada, exhaustiva, pero infructuosa”, la Comisión sostiene que los mensajes no fueron archivados porque no cumplían los criterios de documentación oficial.
Cuando nos pusimos en contacto con la Comisión Europea, esta se negó a hacer comentarios.
Los contratos de vacunas bajo la lupa
La vacuna de Pfizer-BioNTech fue la primera en recibir la autorización de la UE en diciembre de 2020, tras un acuerdo de compra anticipada de 200 millones de dosis.
Los contratos posteriores, en marzo y mayo de 2021, garantizaron dosis adicionales por valor de 2.400 millones de euros, con opción a 900 millones más.
Si bien estos contratos inicialmente prometían alivio frente a la pandemia, desde entonces los problemas de transparencia han empañado el proceso.
Este caso es una de las varias controversias que rodean las compras de vacunas contra la COVID-19 por parte de la UE.
A principios de este año, el TJUE anuló una decisión de la Comisión de redactar secciones clave de los contratos de vacunas contra la COVID-19, al dictaminar que la institución no había proporcionado suficiente acceso a los acuerdos de compra.
Mientras tanto, la Fiscalía Europea (EPPO) inició en octubre de 2022 una investigación sobre la adquisición de vacunas por parte de la UE, aunque no se ha llegado a ninguna conclusión.
Se espera que un tribunal belga en Lieja decida en diciembre si él o la Fiscalía Europea tiene jurisdicción sobre posibles acusaciones de mala conducta.
No se espera que la audiencia de Luxemburgo dé lugar a una sentencia rápida, ya que normalmente transcurren meses entre las audiencias y los fallos.