El fiscal general Tarek William Saab denunció hoy lo que llamó pagadas campañas contra la democracia de Venezuela en los últimos días, vinculadas a los sucesos del 29 y 30 de julio pasado.
En declaraciones a la prensa desde la sede del Ministerio Público, el titular precisó que observó con suma evaluación crítica como en las últimas semanas y, de manera especial en los últimos días, arreció esta cruzada mundial para “mostrar a los que fomentaron actos terroristas y criminales”.
Aclaró que quien tiene las experticias, puede recabar los elementos de convicción y tiene bajo su mando los órganos auxiliares de justicia es el Ministerio Público y no es “un particular, un medio de comunicación, un influencer, youtuber o una red social anónima”.
Saab recordó que a partir del 28 de julio y, muy particular el 29 y 30 de ese mes, ocurrieron “muy lamentables, delictivos y criminales sucesos”, los cuales desencadenaron una ola de violencia con muertos, heridos y la destrucción de casi 500 bienes públicos, entre ellos alcaldías, centros escolares y sedes policiales.
Esas instituciones, indicó, fueron destruidas por personas que utilizaron bombas, armas de fuego convencionales y no convencionales, “para matar y herir de manera criminal” a venezolanos inocentes y que tuvieron como excusa “los resultados electorales” transmitidos por el Poder Electoral.
Detalló que en las fatídicas jornadas perdieron la vida 28 personas y más de mil resultaron heridas, entre ellos 95 adultos, tres adolescentes, 97 funcionarios policiales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
El alto funcionario enfatizó que quienes cometieron estos actos no son presos políticos ni de conciencia, sino “criminales que se prestaron para acometer acciones terroristas y delictivas, pagados por los mal llamados comanditos”, creados por la ultraderecha venezolana.
Reiteró que el objetivo de esa gente fue desencadenar una guerra civil y cuya proyección indica que de ocurrir lo mismo que en las guarimbas del 2017, los muertos hubieran ascendido a tres mil, pero fue impedido por la rápida actuación del Estado, la Fiscalía, los órganos de seguridad y el propio pueblo.
“Me parece totalmente antiético que se quiera presentar una y otra vez estos casos como si tuvieran un carácter político”, enfatizó el jurista.
En Venezuela, destacó, no hay niños detenidos, si hay adolescentes entre 16 y 17 años que confesaron fueron utilizados y la gran mayoría son adultos, quienes declararon cometieron estos altos de violencia.
Saab confesó como detalle revelador que después de varios meses, hasta este momento “no ha habido una sola denuncia” de ningún familiar de alguna de estas víctimas que vinculen el hecho a alguna fuerza policial o algún agente del Estado venezolano y si la hubiera “la documentamos, la procesamos y sancionamos”, acotó.