La crisis alimentaria actual representa un desafío sin precedentes para millones de argentinos que luchan diariamente por acceder a una alimentación digna.
La pobreza en Argentina alcanzó niveles alarmantes durante el primer semestre de 2024, con un incremento de 11.2 puntos, lo cual dejó a más de 5 millones 379 mil 588 personas sin posibilidad de cubrir la canasta básica de alimentos y refleja el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.
Según un estudio conjunto de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Gobierno de Milei desmanteló 111 políticas públicas vinculadas al acceso alimentario, las cuales afectan principalmente a los productores de alimentos sanos que trabajan en espacios comunitarios de distribución.
La investigación destaca cómo la actaul administración ha eliminado el apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI) y abandonado la asistencia alimentaria estatal.
Lo anterior ha provocado un debilitamiento significativo en la red de contención social que protegía a los sectores más vulnerables.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el consumo de alimentos registró una caída promedio del 16 por ciento en supermercados y 11 por ciento en autoservicios mayoristas. Los productos más afectados incluyen bebidas con una reducción del 26 por ciento, lácteos 12 por ciento, carnes por ciento, frutas y verduras 7 por ciento, y productos de almacén 6 por ciento, afirmó Federico Orchani, investigador del área de Tierra, Vivienda, y Justicia Económica del CELS.
Asimismo, advirtió que las políticas alimentarias del Ejecutivo ponen en riesgo el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.
Durante el período analizado, los precios de los alimentos se dispararon un 128 por ciento, ubicando a Argentina como líder en inflación alimentaria según el Banco Mundial.
Las nuevas medidas económicas han profundizado un modelo agrario concentrado y extranjerizado, precarizando el trabajo agrario y desprotegiendo las economías regionales. Las producciones de yerba, azúcar, oliva y vid también se han visto afectadas por esas políticas desreguladoras.
Por otra parte, los comedores comunitarios de todo el país sufrieron la misma suerte “no recibieron ayuda del gobierno» y, además, tuvieron que acudir a justicia para que el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello repartiera alimentos que estaban a punto de vencerse.
En ese sentido, varias organizaciones exigen al Gobierno de Milei la creación de un Fondo Alimentario de Emergencia. Para ello fue elaborado un proyecto de ley donde se especifica de dónde saldría el presupuesto para enfrentar el hambre.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur e impulsora de la iniciativa, expresó “Venimos planteando la necesidad de tener una propuesta común para debatir con la sociedad esta situación que estamos atravesando fundamentalmente respecto del empobrecimiento y la cantidad de personas en situación de indigencia, algo que nosotros vemos cotidianamente en nuestros comedores”.
“Creemos que además de protestar y denunciar lo que está saliendo del Gobierno, hay que llevar propuestas al Poder Legislativo. Así que por eso es que desde distintos sectores fuimos construyendo este proyecto de ley que todavía no está terminado, es una propuesta que puede seguir teniendo algunos aportes y esperamos lanzar una gran campaña para plantear que sí hay plata en Argentina”, agregó Saravia.