En la Unión Europea, un poco más de uno de cada cuatro adultos tiene algún tipo de discapacidad y, en comparación con el resto de la población, se enfrentan a problemas económicos en un grado desproporcionado.
En 2023, alrededor del 25,5 % de los ciudadanos de la UE mayores de 16 años con discapacidad tuvieron dificultades para llegar a fin de mes. Ese porcentaje se redujo al 16,2 % cuando se trató de personas sin discapacidad.
Según Eurostat , Grecia y Bulgaria fueron los dos países de la UE con el mayor porcentaje de personas con discapacidad en hogares que declararon sufrir dificultades financieras.
Por el contrario, Luxemburgo (10,5%), Finlandia (11,2%), los Países Bajos (12%) y Suecia (16,5%) registraron los porcentajes más bajos.
Se estima que uno de cada cuatro adultos en la Unión Europea tiene algún tipo de discapacidad. En promedio, esto se aplica al 29,2% de la población total femenina, en comparación con el 24,3% de la población total masculina.
Los problemas financieros se extienden más allá de los gastos diarios
Los problemas financieros también pueden afectar las oportunidades de ocio y relajación.
Más del 40% de las personas con discapacidad en la UE no podían permitirse una semana de vacaciones al año, en comparación con el 24,2% de las personas sin ninguna discapacidad.
Esta cuestión fue especialmente más importante entre las personas con discapacidad en los países situados al este de la UE, donde Rumania (73,5%), Bulgaria (70%) y Hungría (64,7%) ocuparon las primeras posiciones.
Luxemburgo (16,6%) y Finlandia (18,7%) tuvieron las cifras más bajas del bloque.
Compromiso de la UE con los derechos de las personas con discapacidad
A principios de este mes, la Unión Europea reforzó su compromiso de garantizar la movilidad transfronteriza de las personas con discapacidad mediante la adopción formal de la tarjeta de discapacidad de la UE.
Esta tarjeta garantizará el acceso igualitario a beneficios como tarifas reducidas, uso garantizado de plazas de aparcamiento y acceso prioritario a servicios públicos y privados en Europa.
Aunque se considera un paso positivo, el calendario de implementación de la tarjeta de discapacidad de la UE ha sido objeto de críticas. Los Estados miembros tendrán 30 meses para adaptarse y 12 meses adicionales para aplicar las nuevas normas, lo que significa que la política tardará casi tres años y medio en entrar en pleno vigor.