Integrantes de más de 60 organizaciones sindicales, políticas y sociales de Argentina presentarán hoy miles de firmas contra el decreto de necesidad y urgencia, firmado por el presidente Javier Milei.
Miembros de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma, entre otras agrupaciones, llegarán hasta el Congreso para participar en el cierre de una campaña contra ese recurso y asistir a una audiencia pública con legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical y otros bloques opuestos a las políticas de La Libertad Avanza.
También tendrá lugar una radio abierta y será entregada a la sede legislativa una carta con el medio millón de rúbricas recopilado durante los últimos cinco meses.
En la misiva se pedirá además una audiencia con la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el DNU.
Entre las organizaciones que respaldan la acción se encuentran Unidad Popular, la Asociación Trabajadores del Estado, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga por los Derechos Humanos.
También rechazan el decreto la Federación Judicial Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Hijos, la Asociación Americana de Juristas, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista, el Movimiento Popular Liberación y Encuentro Patriótico, entre otros.
El 70/2023 firmado por Milei modifica o elimina más de 300 normativas y, aunque ya fue rechazado por el Senado, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 26.122, para su derogación es necesaria la desaprobación de ambas Cámaras del Congreso.
Si una de las dos no lo trata o solo una se muestra en desacuerdo, continúa activo.
Entre otros aspectos, dispone el desarme de leyes como la de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, apunta a la privatización de empresas públicas, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por otra parte, quita el sistema nacional de comercio minero y del Banco de Información del sector y autoriza la implementación de la política de cielos abiertos.
El decreto es el instrumento jurídico principal utilizado por el Gobierno. Además, amplía las facultades legislativas delegadas en el presidente y las materias en las cuales Milei puede intervenir sin discutir nada con el parlamento.
Esto pone en emergencia a todo lo concerniente a la administración del Estado por cuatro años, señala un comunicado de la CTA-A.