Los Estados miembros están demorando la implementación de las leyes de la UE destinadas a garantizar que los trabajadores reciban un salario decente, mientras se acerca una fecha límite clave, dijo la Confederación Europea de Sindicatos.
A pocas semanas de que se cumpla un plazo legislativo clave, siete países de la UE aún no han comenzado a legislar sobre nuevas protecciones para el salario mínimo, según un nuevo estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Las nuevas leyes de la UE, acordadas en junio de 2022 a raíz de una importante crisis del coste de vida, deben incorporarse a la legislación nacional para que entren en vigor, pero Francia, Italia, Portugal, Chipre, Estonia, Lituania y Malta ni siquiera han empezado a hacerlo, afirmó la CES.
“Los trabajadores ya han esperado dos años para que se implemente esta directiva y no se les debe hacer esperar más”, dijo la secretaria confederal de la CES, Tea Jarc, en un comunicado.
“La mayoría de los gobiernos nacionales deberían dejar de demorarse y convertir de una vez por todas estas promesas en realidad”, añadió.
La CES afirma que la Directiva podría beneficiar a unos 20 millones de trabajadores, pero cree que el salario mínimo, definido como una proporción de los ingresos medios, es suficientemente alto en sólo dos países de la UE.
Cuando los legisladores y los gobiernos las acordaron en junio de 2022, el comisario europeo Nicolas Schmit elogió las nuevas normas de la UE y dijo que “ayudarían a garantizar que las personas que ganan el salario mínimo puedan permitirse una vida digna” en un momento de importantes preocupaciones por el coste de la vida.
Se enfrentaron a la oposición de Dinamarca y Suecia, que tienen una negociación colectiva generalizada pero no un salario mínimo, y de las empresas que temían costos adicionales.
Los salarios mínimos brutos en la UE varían ampliamente, desde 477 € al mes en Bulgaria hasta 2.571 € en Luxemburgo.
Las reglas finales no requieren que los países tengan salarios mínimos, pero aquellos que los tengan deben asegurarse de tener un modo sólido de establecerlos y actualizarlos, por ejemplo con referencia al poder adquisitivo.
La Comisión Europea es responsable de hacer cumplir la legislación de la UE y puede llevar a los tribunales a los gobiernos que no tomen las medidas necesarias, aunque eso normalmente solo ocurre una vez que ha pasado la fecha límite, en este caso el 15 de noviembre.
En algunos casos, como Alemania, el gobierno ha argumentado que no necesita tomar medidas porque las leyes existentes ya cumplen con las normas de Bruselas.
Un portavoz de la Comisión Europea no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.