El Ministerio de Economía deberá explicarle al juez Andrés Heim las razones de la paralización del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y, por ende, las obras de urbanización para 6500 barrios populares de la Argentina.
La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Economía tiene tiempo hasta mediados de esta semana para explicarle al juez federal de Pehuajó cuánto dinero transfirió por mes al Fondo de Integración Socio Urbana (desde enero hasta la actualidad) para cumplir con las obras de urbanización de barrios populares y de infraestructura para servicios elementales y cuáles tuvieron progresos,si es que tal cosa ocurrió.
La medida fue ordenada como parte del trámite de un amparo colectivo, que ya avanza y está inscripto en el registro de este tipo de acciones que lleva la Corte Suprema, y que fue promovido en un comienzo por 11 barrios de distintas provincias representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a los que adhirieron otros.
Los vecinos y vecinas denunciaron que en estos diez meses de gobierno de Javier Milei fueron interrumpidos todos los trabajos que se habían iniciado para emplazar redes cloacales, de agua potable, de gas, eléctrica, desagües pluviales, pavimentación y cunetas, más las instalaciones necesarias en los domicilios.
Al admitir el trámite del reclamo y reconocer el amparo como colectivo diez días atrás, el juez federal Andrés Heim incorporó 37 casos presentados pero lo hizo extensivo a los 6500 barrios que están inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El freno a las obras esenciales que plantea la demanda está relacionado con la decisión del gobierno nacional de desfinanciar el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) a través del decreto 193/24 del 26 de febrero último. La presentación judicial inicial advierte que “viola los derechos a la vivienda, a la salud, a la integridad física y a un ambiente sano, todos ellos reconocidos constitucionalmente”.
El decreto en cuestión modificó el porcentaje que se le asignaba al FISU del llamado impuesto PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria). En los hechos esto implicó casi la eliminación del FISU y la paralización de las obras que estaban en marcha. El problema es que no se generó ningún mecanismo de compensación o de financiamiento alternativo. Cuando están en juego derechos sociales, los pactos internacionales que Argentina suscribe prohíben disposiciones regresivas coma esta.
Los barrios pidieron una medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto que hirió de muerte a este fondo clave para mejorar las condiciones de vida de miles de ciudadanos/as y, con el amparo, impulsan que se declare su inconstitucionalidad. Lo determinación del gobierno nacional respecto del FISU va en línea con la política de eliminar el papel activo del Estado en la promoción de condiciones habitacionales dignas, acceso a la alimentación, a la salud y a la educación.
Todo está trastocado y trae una concatenación de problemas. La reducción de obra pública en general, también genera desempleo y resta dinamismo a la economía. La falta de infraestructura en las barrios favorece trastornos de salud y daño ambiental. Las inundaciones obstaculizan el acceso a los establecimientos educativos o la llegada al trabajo. La reciente decisión de eliminar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), encargada de obras hídricas y de cloacas, va en la mismo dirección.
La ley que creó el impuesto PAIS establecía que de lo recaudado un 30 por ciento se debía destinar al “financiamiento de obras de vivienda social”, aunque luego se repartió también con infraestructura en general e incentivo al turismo. El porcentaje asignado al FISU, entonces, era del 9 por ciento.
El decreto lo bajó a 0,3 por ciento. En números concretos los ingresos del fondo pasaron de 35.000 millones de pesos mensuales a 46 millones en marzo último, lo que representa en rigor un 0,01 por ciento del monto de febrero.
El CELS informó que quedaron sin terminar más de 30.000 obras destinadas a proveer servicios básicos a unas 330.000 familias. Señaló que “según el censo 2022, el 44 por ciento de la población, más de 20 millones de personas, no tienen conexión a la red de gas. Una cantidad similar, el 43 por ciento, vive en casas sin cloacas y todavía hay un 7 por ciento de la población sin acceso al agua potable”.
Los casos
La demanda que dio origen a esto que se convirtió en un gran expediente fue impulsada por el barrio popular Cumba, de Pehuajó. Pronto se sumaron otros barrios, también en Moreno y en Mercedes. Luego la lista llegó a 37, lo que incluye 3 de Ciudad de Buenos Aires, 4 de Córdoba, 14 de Mendoza, 2 de Santa Fe, uno de Chubut, y otro en Río Negro. El resto son de la provincia de Buenos Aires. Además del CELS se presentaron dos curas: el padre Lorenzo “Toto” de Vedia (de Barracas) y el padre Gastón Colombres (de Ciudad Oculta).
Para ilustrar el tipo de cuestiones que plantean: el barrio Cumba advirtió que por la interrupción de obras para solucionar problemáticas estructurales, toda la zona se inunda ya que las calles y veredas son de tierra, se producen “encharcamientos y barro” y se genera “un foco de transmisión de enfermedades debido a que el agua suele estancarse por varios días en el terreno”.
La mayoría de las familias carecen de título de propiedad y no tiene acceso ni a agua, electricidad, gas natural o cloacas, lo que los expone “a todo tipo de riesgo (ambiental, peligro de incendios, inundaciones y enfermedades, también por la falta de agua potable y cloacas)”.
La gran presencia de mosquitos y bacterias (como la escherichia coli) suele contaminar los pozos de agua. A su vez, es un barrio que carece de conectividad digital, lo que produjo una situación de privación acceso al sistema educativo en particular durante la pandemia, pero sigue causando afectación en el acceso a la educación, entre otras cosas.
En 2023 se suscribieron convenios para obras que se extenderían por ocho meses para la construcción de los servicios básicos inexistentes. Comenzaron en octubre y en diciembre fueron interrumpidas. El avance habría sido de un 36,78 por ciento.
El barrio Cumba está conformado por 32 familias. Pero hay barrios de todas las dimensines. ¿Qué se define como barrio popular? Aquel que esté integrado por un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no tenga título de propiedad del suelo ni acceso regular a por lo menos dos servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor y/o red cloacal). El carácter de “barrio popular” permite obtener un certificado de vivienda familiar que habilita a reclamar acceso a servicios.
En otros municipios hay barrios que plantean problemas similares a los que se agregan muchos de tipo edilicio, como riesgo de derrumbe, ya sea por el estado de las estructuras o por las zonas en las que las construcciones precarias se encuentran ubicadas.
Por ejemplo, las que están al lado del Río Luján plantean esa cuestión, el riesgo de inundaciones y la circulación de efluentes líquidos y acumulación de agua de lluvia que incrementan los riesgos para la salud. En algunos barrios se proyectaban calles, puentes, accesos, desagües. Algunos no llegaron a comenzar pese a estar ya diseñadas las obras.
El RENABAP
El RENABAP comenzó con un relevamiento que se pusieron al hombro organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia católica en coordinación con el Estado. Se oficializó en 2017. Releva bienes inmuebles de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, sus construcciones y las personas que allí habitan. Junto con la ley 27453 (de Regularización Dominial para la integración socio urbana) se había creado el FISU y se diseñó un plan de integración socio urbana para dotar de servicios básicos a las y los habitantes de barrios vulnerables. Aquella norma se aprobó con amplio consenso y fue implementada durante le gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández para revertir las asimetrías y situaciones de pobreza estructural.
El RENABAP quedó constituido por 6467 barrios populares de todo el país, que son los destinatarios del FISU y los procesos de integración incluyen la participación de entidades provinciales, estudios de impacto y auditorías externas.
Como está a la vista es una política pública de la que participaron distintas fuerzas políticas. El CELS señala que “decreto 193/2024 constituye un accionar directo y regresivo, sin acción de compensación alguna, que vulnera todos los consensos y estrategias construidos para el desarrollo de una política pública de gran extensión y alto impacto a nivel federal”.
Medidas judiciales
Además de admitir la demanda, de incorporar todos los casos de barrios puntuales que llevaron sus problemas específicos y aportaron prueba, el juez Heim dispuso un pedido de informes que debe responder esta semana el Ministerio de Economía, después de otros pasos formales podría llamar a una audiencia y tomar una resolución el mes que viene. Esta es la información que el gobierno debe entregar (para la que le había puesto plazo de diez días hábiles el 7 de octubre último):
* Ingresos transferidos al FISU desde enero de 2023 hasta ahora con un detalle mensual.
* Cantidad de obras de urbanización de “barrios populares” registrados en RENABAP según los objetivos de la ley 27.543, con el detalle del grado de avance, discriminando su avance mensual y ubicación geográfica.
* Estado de cumplimiento de los “convenios específicos” con las distintas municipalidades del país como unidades ejecutoras de las obras de urbanización y detalle histórico de desembolsos efectuado a cada una de ellas desde la sanción de la ley 27.543 a la fecha del informe que entregue.
* Cantidad de familias que habitan los “barrios populares” registrados en RENABAP en la actualidad con un desagregado de niños, niñas y adolescentes. En la causa hay un defensor que representa a este grupo.
El expediente no sólo creció a punto tal que abarcará los derechos de todos los barrios populares: en un comienzo apuntaba a cómo se redujo el financiamiento del FISU pero ahora queda claro que está en juego una posible responsabilidad estatal ya que, de acuerdo al derecho internacional con rango constitucional en nuestro país, no puede haber decisiones vinculadas con políticas sociales que impliquen dar marcha atrás y empeorar la situación de la población, y en este caso para colmo la de personas que ya se encontraban antes de la llegada de Milei en condiciones de vulnerabilidad.