Muchas sustancias altamente peligrosas han permanecido en el mercado, a veces durante años, mientras el ejecutivo de la UE incumple los plazos legales en las decisiones de autorización, según constató el Defensor del Pueblo, advirtiendo de una “amenaza para la salud y el medio ambiente”.
Los retrasos sistemáticos en las decisiones sobre la autorización de sustancias químicas peligrosas constituyen una “mala administración” por parte de la Comisión Europea y ponen en riesgo a las personas y a los ecosistemas, concluyó la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly.
La ley exige que la Comisión presente un proyecto de decisión en el plazo de tres meses desde la solicitud de permiso para seguir utilizando una sustancia prohibida, lo que es posible en los casos en que un productor o fabricante pueda demostrar que se pueden minimizar los riesgos y no existe una alternativa viable.
Pero los resultados de una investigación iniciada el año pasado por iniciativa de O’Reilly y hecha pública hoy muestran que el ejecutivo de la UE tarda más de 14 meses de media en tomar este tipo de decisiones, y a veces varios años.
“Amenaza a la salud”
“Estos retrasos representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente, ya que las empresas pueden seguir utilizando sustancias químicas, que pueden ser cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción o tener propiedades disruptoras endocrinas, durante el proceso de autorización”, dijo su oficina en un comunicado.
Los resultados no sorprendieron a los activistas medioambientales, que se han quejado durante años del lento ritmo del proceso de restricción de productos químicos de la UE.
Para la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), una agrupación de ONG, la investigación muestra claramente que “los funcionarios de la UE violaron la ley al retrasar las prohibiciones de productos químicos peligrosos a lo largo de casi dos décadas”.
Pero la Comisión ha atribuido los retrasos al complicado proceso establecido en el principal reglamento sobre sustancias químicas de la UE, conocido como REACH.
En una respuesta disponible públicamente a la solicitud inicial del Defensor del Pueblo, la Comisión dijo en agosto que “en principio evita proceder a las votaciones [sobre las decisiones] si no hay garantías de apoyo suficiente” de los 27 estados miembros de la UE, representados en un comité de delegados gubernamentales que se reúne a puertas cerradas en Bruselas.
Otra excusa dada fue la “disponibilidad limitada de salas de reuniones adecuadas en las instalaciones de la Comisión”.
Para Tatiana Santos, especialista en productos químicos de la EEB, la Comisión no debería dejarse llevar por consideraciones políticas. “De lo que estamos hablando aquí es de que la Comisión ni siquiera ha elaborado una propuesta para someterla a votación”, declaró a Euronews.
“Uno de los argumentos que utilizan es que tienen debates políticos internos en la Comisión”, dijo Santos. “Y lo que nosotros afirmamos es que no tienen por qué hacerlo porque los debates políticos deberían tener lugar en el Comité REACH, no en la Comisión”.
El Defensor del Pueblo criticó también el secretismo que rodea al comité y concluyó que la falta de transparencia de la Comisión también constituye un caso de mala administración. Según O’Reilly, los registros públicos de las reuniones contienen escasa información sobre los motivos de los retrasos o sobre las posiciones de los distintos gobiernos.
‘Imprudente’
Hélène Duguy, de la organización benéfica ClientEarth, afirmó que los resultados sugieren una actitud “imprudente” hacia la regulación de las sustancias químicas. “Este comportamiento inaceptable socava el Estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE”, afirmó. “Es hora de que los funcionarios de la UE presten atención a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y prioricen el interés público sobre los beneficios de las empresas tóxicas”.
El ejecutivo de la UE dijo que había “tomado nota” de las críticas del Defensor del Pueblo. “Algunos de estos procedimientos para adoptar estas decisiones son bastante complejos”, dijo un portavoz a los periodistas en Bruselas. “Algunos de los plazos no están bajo el control de la Comisión”.
La Comisión tiene tres meses para responder con detalle, pero está “dispuesta a examinar cómo se pueden mejorar nuestros procedimientos internos”, dijo el portavoz. La presidenta Ursula von der Leyen se había comprometido a “simplificar” las regulaciones durante su segundo mandato, tras haber sido criticada por dejar de lado una revisión planificada del reglamento REACH durante su primero.
En términos más generales, los ambientalistas están preocupados de que la agenda del Pacto Verde del primer mandato de von de Leyen sea reemplazada por un enfoque más claro en la competitividad industrial en su segundo mandato, y que se permita que los estándares ambientales se deslicen.
La comisaria designada para el medio ambiente, Jessika Roswall, tiene la tarea de supervisar la reforma de la política sobre productos químicos y es probable que se enfrente a una difícil audiencia parlamentaria el 5 de noviembre.
La eurodiputada verde Jutta Paulus dijo a Euronews que espera que Roswall y el francés Stéphane Séjourné, candidato a la cartera industrial, demuestren un compromiso con el mantenimiento de los estándares sanitarios y medioambientales.
“Deberían dar garantías de que la simplificación de REACH no socavará esta protección, sino que acelerará la regulación de sustancias peligrosas y grupos enteros de sustancias”, afirmó Paulus.