El proyecto contempla la modificación de las sanciones para distintas medidas de protesta pacífica, desde la ocupación de calles hasta la resistencia pasiva.
El gobierno italiano de Giorgia Meloni apunta a criminalizar protestas pacíficas en un nuevo proyecto de ley de seguridad, bautizado por sus críticos como “Ley anti-Gandhi”.
El paquete de 20 medidas ya fue aprobado por los diputados y su adopción depende de su paso en el senado, y contiene una serie de medidas que buscan castigar a los manifestantes, en particular a los activistas ecológicos, haciendo que ciertas acciones conlleven una pena de prisión.
Esta ley fue impulsada por la Liga Norte, de Matteo Salvini, que mantiene una cruzada contra el denominado “terrorismo climático”, y apunta de forma especifica a los opositores de los dos megaproyectos de Salvini: el tren de alta velocidad Turín-Lyon y el puente sobre el estrecho de Messina.
De aprobarse la medida, ciertas acciones, como la ocupación de una ruta por fuera del itinerario autorizado durante una manifestación, serán castigadas con penas de hasta dos años de cárcel, reemplazando el mecanismo de multa previo.