Un intento de alto perfil entre la Comisión Europea y el gobierno chino para resolver la disputa en curso en torno a los vehículos eléctricos de batería (BEV) no logró ningún avance, ya que las diferencias siguen arraigadas.
Sin embargo, la esperanza aún no está perdida ya que ambas partes prometieron intensificar las negociaciones.
“Ambas partes acordaron intensificar los esfuerzos para encontrar una solución efectiva, ejecutable y compatible con la OMC al caso BEV (…) sin perjuicio de la investigación de la UE y sus plazos”, dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión a cargo del comercio, después de una reunión “constructiva” con Wang Wentao, ministro de Comercio de China, el jueves.
Bruselas ha acusado a Pekín de conceder subvenciones a sus vehículos eléctricos para reducir artificialmente su precio de venta al público y expulsar a los competidores europeos del lucrativo mercado. Tras una investigación que duró meses , la Comisión descubrió que el dinero público se había repartido por toda la cadena de suministro, lo que creaba un riesgo de pérdidas económicas insostenibles para la industria de la UE.
El ejecutivo propuso entonces una serie de aranceles adicionales a las importaciones que se aplicarán a los vehículos eléctricos fabricados en China, incluidos los ensamblados por empresas occidentales en el país. Los aranceles propuestos, que van del 7,8% al 35,3%, según la marca y su nivel de cooperación con la investigación, se sumarán a la tasa actual del 10%.
El objetivo de este aumento es garantizar una competencia más justa y cerrar la brecha de precios entre los fabricantes de la UE y los chinos.
Los Estados miembros deben ratificar los aranceles en una votación que debería tener lugar antes de noviembre. Si lo hacen, los aranceles pasarán a ser permanentes durante cinco años.
Desde el principio, Pekín ha adoptado una posición antagónica en público, calificando la investigación de la Comisión de “acto proteccionista descarado” que “construía y exageraba los llamados subsidios”. En un intercambio de represalias, lanzó varias investigaciones contra exportaciones europeas sensibles, como la carne de cerdo, el brandy y los productos lácteos.
Sin embargo, tras bastidores, los funcionarios chinos han buscado lograr una solución negociada a la disputa y proteger a las empresas nacionales de los elevados aranceles.
Este esfuerzo alcanzó su punto máximo el jueves cuando el Ministro Wang se reunió con el Vicepresidente Dombrovkis en Bruselas.
Durante el encuentro, Dombrovkis defendió la propuesta de la Comisión, que “se basa estrictamente en hechos y pruebas” y que sólo pretende “compensar” los subsidios estatales, según un comunicado oficial. Dombrovkis censuró las investigaciones de represalia de Pekín sobre la carne de cerdo, el brandy y los productos lácteos, calificándolas de “injustificadas” y pidió que se “pongan fin”.
La misión china ante la UE no proporcionó inmediatamente información al respecto.
Un día antes de la reunión, Wang habló en una mesa redonda de productores de vehículos eléctricos en Bruselas y dijo que las negociaciones deberían continuar “hasta el momento final”, es decir, la votación.
“La parte china ha venido aquí de buena fe y, sin duda, perseverará hasta el último momento de las consultas. Si las consultas fracasan, la responsabilidad no recaerá sobre la parte china”, dijo el ministro a los asistentes.
El desarrollo más notable de la reunión del jueves es el compromiso mutuo de reevaluar la opción de los compromisos de precios, una herramienta comercial que las empresas pueden utilizar para aumentar el precio y controlar los volúmenes de sus exportaciones para evitar aranceles antisubsidios.
La semana pasada, Bruselas rechazó el compromiso de precios ofrecido por las empresas chinas sujetas a los aranceles incrementados, como BYD, Geely y SAIC.
Intenso cabildeo
Paralelamente a las negociaciones, Pekín está intensificando sus esfuerzos de lobby para convencer a ciertos Estados miembros de que voten en contra de los aranceles y descarrilen el plan de la Comisión.
Para impedir que los aranceles entren en vigor, es necesaria una mayoría cualificada de 15 países que representen al menos el 65% de la población del bloque para oponerse a ellos. La Comisión nunca ha sido derrotada en materia de aranceles.
Hungría, que pretende atraer inversiones chinas, se opone firmemente a las medidas. Alemania, presionada por su importantísima industria automovilística, se inclina fuertemente a rechazarlas y, según se informa, está trabajando por teléfono para que así sea.
El lobby chino obtuvo una gran victoria la semana pasada cuando el primer ministro español, Pedro Sánchez, pidió públicamente a la Comisión que “reconsiderara” la propuesta.
“Necesitamos reconsiderar todos nosotros, no sólo los Estados miembros sino también la Comisión, nuestra posición ante este movimiento”, dijo el presidente del Gobierno español en Shanghai, la última parada de su visita oficial de cuatro días a China.
“Como dije antes, no necesitamos otra guerra, en este caso una guerra comercial. Necesitamos construir puentes entre la Unión Europea y China”.
Las declaraciones tomaron a Bruselas por sorpresa: hasta entonces, se consideraba que España apoyaba los aranceles adicionales, tras haber votado a favor durante una consulta no vinculante en julio.
El aparente cambio de postura fue visto como una consecuencia directa de lo que Ursula von der Leyen una vez describió como las “tácticas de divide y vencerás” de China, dado que Sánchez acababa de cerrar un acuerdo de 1.000 millones de euros con una empresa china para construir una planta de electrolizadores en España.
Un portavoz del gobierno alemán acogió con satisfacción la posición de Sánchez y dijo que “la dirección del viaje es una que compartimos”.