El Gobierno ha aprobado este martes el llamado Plan de Acción Democrática anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras tomarse unos días de reflexión a finales de abril después de la judicialización del caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez.
El plan ‘antibulos’ consiste en una “hoja de ruta” de 31 medidas que incluyen, entre otras, la creación de un registro de medios de comunicación y cambios en la regulación de los derechos al honor y a la rectificación, pero al mismo tiempo también contempla reformar el Código Penal para eliminar los llamados delitos de expresión contra instituciones del Estado y sentimientos religiosos.
“Este plan busca restaurar plenamente la confianza en la democracia y hacerla más libre, más limpia y que los medios de comunicación puedan tener una política de transparencia y facilitar el derecho a la información veraz”, ha defendido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha sido el encargado de dar a conocer el paquete de medidas, junto al ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
Ambos llevaron a cabo de forma conjunta una rueda de contactos con los distintos grupos políticos antes del verano para recabar aportaciones de cara a la elaboración del plan que han presentado finalmente este martes.
Se trata de un paquete de 31 medidas agrupadas en tres ejes que pretenden respectivamente “ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental”, “fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de los medios de comunicación para garantizar una información veraz” y “reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral”.
El plan recoge así iniciativas que afectan tanto a los tres poderes del Estado como a los medios de comunicación, aunque no concreta al detalle cómo se llevarán a la práctica. Muchas de ellas requieren la aprobación de leyes y cambios normativos en el Congreso y el Senado.
Bolaños ha asegurado que el plan dibujado por el Gobierno emana de la Constitución y de la normas adoptadas en los últimos años por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. “Este es un debate no solo español, es un debate europeo”, ha recalcado. “El documento de hoy es solo es un primer paso, desde la certeza de que queda mucho por hacer”, ha añadido Urtasun.
El primer bloque de medidas busca que las instituciones “tengan más contacto con la ciudadanía”. Con ese objetivo, recoge la modificación de la ley de secretos oficiales -que data de 1968 y ya se intentó reformar en la legislatura pasada- y la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante.
El plan hará también obligatoria para todos los gobiernos -incluidos los autonómicos- la obligación de aprobar una rendición de cuentas anual en la que figuren los compromisos de gobierno que han adquirido con la ciudadanía y su grado de cumplimiento. Asimismo, se prevé impulsar una Ley de Administración Abierta y aprobar, a nivel nacional, una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y un nuevo plan al respecto
Limitar la publicidad institucional
El segundo bloque de medidas se dirigen fundamentalmente a los medios. En primer lugar, el Gobierno quiere “definir” qué es un medio de comunicación y crear un registro -controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- en el que consten todos ellos y figuren sus propietarios y su financiación. El Ejecutivo pretende también limitar la concentración mediática y la financiación pública a los medios para que ninguno pueda depender únicamente de esta vía de financiación.
En esa sentido, se obligará a que las Administraciones Públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria y se pretende reformar la ley de publicidad institucional, con dos objetivos: por un lado, introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación” en su asignación -con una “discriminación positiva” hacia los medios que usen lenguas cooficiales- y, por otro lado, garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de “transparencia e imparcialidad”.
En relación al ejercicio del periodismo, el Gobierno se compromete a impulsar una ley de secreto profesional de los periodistas para garantizar la protección de las fuentes de información. Al mismo tiempo, el Plan de Acción Democrática recoge la elaboración de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. “Es imprescindible que las instituciones no seamos financiadoras del virus que pretende socavar la democracia desde dentro”, ha remarcado Urtasun.
Asimismo, el Ejecutivo también pretende modificar las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación, que datan de 1982 y 1984 y, según ha señalado Bolaños, han quedado “claramente obsoletas” ante nuevas “formas de difamación”.
En la misma línea, el Gobierno se compromete a acometer una “reforma integral” del Código Penal para abordar los llamados delitos de expresión contra las instituciones del Estado y los sentimientos religiosos, con la intención de adaptar su regulación a los parámetros europeos. También se realizarán cambios normativos encaminados a que los jueces puedan desestimar “rápidamente” demandas “infundadas” interpuestas contra periodistas y defensores de los derechos humanos, así como modificaciones en la conocida como ‘ley mordaza’.
Obligación de debatir
Por último, el tercer bloque de medidas recoge cambios que afectan al poder legislativo y al sistema electoral. En este sentido, se fijará la obligación de celebrar un Debate sobre el estado de la Nación al año. Además, el Ejecutivo impulsará una ley de grupos de interés y buscará reforzar las obligaciones de los partidos de publicar sus cuentas y de los diputados y senadores de publicar sus declaraciones de interés, así como las sanciones en caso de incumplimiento.
También se pretende modificar la Ley del Régimen Electoral General para que los candidatos que se presenten a los comicios tengan la obligación de acudir a los debates electorales que se organicen. En relación con las citas electorales, se recoge la obligación de publicar los microdatos de todas las encuestas electorales.
“En ocasiones las encuestas que se van publicando en periodos cercanos a las elecciones, en lugar de conocer el estado de opinión de la ciudadanía mas bien pretenden influir en la opinión ciudadana”, ha argumentado Bolaños.
“Es un plan ambicioso”, ha subrayado el ministro de Presidencia, que ha señalado que una comisión interministerial se reunirá al menos cada 3 meses para hacer un seguimiento de la implementación del plan, que se desarrollará a lo largo de los tres próximos años. “Con este plan hacemos mejor nuestra democracia y facilitamos que los medios de comunicación puedan brindar información veraz a los ciudadanos”, ha añadido.