Tras la publicación en X de Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias), quien señaló que “la última palabra sobre veto la tenía el presidente (Javier) Milei como corresponde”, el mandatario argentino confirmó el “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario.
El hecho ocurrió horas después de que el decreto fuese sancionado por la Cámara de Diputados de la nación y que el portavoz de la Presidencia afirmara que se valorarían las opciones en referencia al tema.
La medida tomada por Milei es la segunda en menos de un mes y medio, después de que el mandatario también vetara la Ley de Jubilaciones debido a que considera que “atenta”` contra el equilibrio fiscal del país.
El veto ha intensificado las contradicciones existentes en la nación, especialmente en el plano educativo, donde se registran paros docentes por la demora en el pago de los salarios y la falta de compromiso del Gobierno para financiar las instituciones educativas.
Ante esta situación, los sectores afectados por la Ley han anunciado una nueva marcha de protesta, tras el éxito de la manifestación anterior, lo cual pone en el ojo del huracán al Gobierno argentino, que enfrenta las críticas de quienes son perjudicados por las cuestionables decisiones presidenciales.
La ley recién vetada por Milei fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor, diez en contra y una abstención, respaldo emanado de fuerzas de la oposición, kirchneristas, fuerzas provinciales, entre otros que abogaban por la mejoría del magisterio en el país.
Cabe destacar a su vez que el proyecto de ley posibilitaba una revisión exhaustiva de los fondos universitarios, por parte de la Auditoría General de Nación como una respuesta a las acusaciones sobre el mal manejo del presupuesto docente.
Según la propia legislación, la proporción o subvención del capital será correspondiente a la matrícula de estudiantes, carreras a impartir, los bienes y servicios brindados por las casas de altos estudios.
Asimismo, el desarrollo del proyecto incluye un presupuesto de 738.595 millones de pesos, lo que equivale al 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación, según el sitio web de la Oficina de Presupuesto del Congreso.