Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este jueves sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), por “impedir un proceso electoral inclusivo y competitivo” en Venezuela y “violar los Derechos Humanos y civiles” de la población del país caribeño en relación con las elecciones celebradas el pasado mes de julio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del país norteamericano ha indicado en un comunicado que entre estos altos cargos se encuentran dos miembros del CNE, entidad que proclamó la victoria de Maduro sin que el chavismo haya hecho públicas de momento las actas que confirmarían su triunfo electoral, así como cinco jueces del Supremo.
El Gobierno estadounidense, que también ha impuesto restricciones contra figuras importantes del Ejército y la Inteligencia venezolana por los actos de “represión” ejercidos tras la votación, considera que todos los sancionados han “obstaculizado la realización de un proceso electoral transparente” y han evitado publicar “los resultados precisos” de estos comicios.
Entre las figuras más destacables se encuentran Caryslia Rodríguez, presidenta del Supremo; Inocencio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, y el fiscal Luis Ernesto Duénez Reyes, que emitió la orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, entre otros. Los dos miembros del CNE son Rosalba Gil Pacheco y Antonio José Meneses Rodríguez.
El secretario adjunto del Tesoro, Wally Adeyemo, ha indicado en un comunicado que las medidas llegan como respuesta a la “represión” ejercida contra el pueblo venezolano y la “negación de los derechos” de los mismos a unas “elecciones libres y justas”. “El Departamento del Tesoro apunta a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión contra la libre expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio”, ha aseverado.
“La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, ha resaltado en relación al presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris.
Asimismo, ha recordado que Maduro y sus representantes “han estado arrestando indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles” desde las elecciones del 28 de julio, y han desplegado “tácticas de intimidación para silenciar a la oposición”. En este sentido, ha señalado que son precisamente estos actos, junto a la orden de arresto en su contra, lo que han llevado a González a “salir de Venezuela y buscar asilo en España”.
RESTRICCIONES DE VISADO A UNOS 2.000 VENEZOLANOS
Adeyemo ha indicado, además, que el Departamento de Estado ha restringido los visados de estos altos cargos, señalados por “socavar el proceso electoral y la democracia” e involucrarse en delitos de corrupción y violaciones de los Derechos Humanos.
Así lo ha confirmado el secretario de Estado, Antony Blinken, que ha arremetido contra todos ellos por “obstruir las elecciones” y “proclamar falsamente la victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”.
Blinken ha cifrado en más de 140 los funcionarios venezolanos actuales o anteriores sancionados por el Tesoro estadounidense “por contribuir a la situación que atraviesa el país” y ha sostenido que ya son casi 2.000 las personas “potencialmente sujetas a restricciones de visado por su papel en socavar la democracia, participar en actos de corrupción y violar los derechos del pueblo”.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas para quienes socavan la democracia en Venezuela”, ha subrayado.