La Comisión Europea utilizará todos los poderes legales a su disposición para impedir que Hungría envíe en autobús a inmigrantes irregulares a Bruselas, una medida que representaría una grave escalada en el enfrentamiento que ya dura décadas entre el ejecutivo y Viktor Orbán.
La amenaza de Budapest de transportar deliberadamente inmigrantes de un Estado miembro a otro se considera una represalia por la multa de 200 millones de euros que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a Hungría y que el país se niega a pagar.
Todavía no se ha producido ninguna transferencia y no está claro cuándo se producirá, si es que se produce.
“En cuanto a los anuncios hechos por las autoridades húngaras de que transportarían a inmigrantes irregulares desde las fronteras serbio-húngaras a Bruselas, en una palabra, básicamente, es inaceptable”, dijo el martes un portavoz de la Comisión.
“Si se lleva a cabo, esta acción violaría claramente el derecho de la UE, pero también el principio de cooperación leal y sincera, así como la confianza mutua. Además, socavaría la seguridad del espacio Schengen en su conjunto”.
El portavoz afirmó que la Comisión estaba “en contacto” con Budapest para asegurarse de que el gobierno “se abstuviera” de seguir adelante con el plan anunciado. También se están manteniendo contactos con los países vecinos de Hungría que podrían verse afectados.
“También estamos dispuestos a utilizar todos nuestros poderes conforme al tratado para garantizar que se respete la legislación de la UE”, añadió el funcionario.
Según el Código de fronteras Schengen, la Comisión tiene derecho a presentar una propuesta al Consejo para introducir restricciones temporales, incluida la entrada, en el espacio sin pasaporte. Los Estados miembros también pueden tomar esa decisión de forma unilateral, como hizo Alemania tras un ataque con cuchillo en la ciudad de Solingen en agosto. Los apuñalamientos, reivindicados por el Estado Islámico, han reavivado el debate sobre la migración y han alimentado los llamamientos a favor de opciones radicales.
La convergencia de los acontecimientos en Budapest y Berlín hace temer que el Espacio Schengen, uno de los logros más tangibles del bloque, pueda dejar pronto de funcionar, socavado por una serie de controles fronterizos descoordinados.
Los comentarios de la Comisión llegan tras una serie de críticas expresadas por las autoridades belgas, que el lunes rechazaron enérgicamente la “provocación” de Hungría y pidieron a la Comisión que reaccionara “con firmeza y decisión”.
Nicole de Moor, secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, advirtió que, en caso de que se produzcan las transferencias, Bélgica no concederá acceso a “los flujos migratorios que se instrumentalizan de esta manera”.
La última disputa tiene su origen en la sentencia del TJUE de junio, que determinó que Hungría había cometido una “violación sin precedentes y excepcionalmente grave del derecho de la UE” por sus estrictas restricciones al derecho de asilo. El tribunal impuso al país una multa de 200 millones de euros, en una sola suma, y una multa de 1 millón de euros por cada día que persistiera la infracción.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reaccionó furioso al veredicto, calificándolo de “escandaloso e inaceptable”.
“Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos”, dijo en junio. (El TJUE tiene su sede en Luxemburgo.)
El enfrentamiento se intensificó rápidamente cuando los diputados de Orbán amenazaron con pagar a los inmigrantes irregulares un “billete de ida” desde Hungría hasta la capital belga. El viernes, el secretario de Estado, Bence Rétvári, celebró una rueda de prensa para presentar una fila de autobuses que presumiblemente se utilizarían en la operación, con carteles luminosos que decían “Röszke-Bruselas”. Dijo que el transporte se ofrecería “voluntariamente” y “gratis”.
“Si Bruselas quiere inmigrantes ilegales, puede acogerlos”, afirmó Rétvári.
Por su parte, Budapest ha exigido recuperar 2.000 millones de euros de las arcas del bloque, una cantidad que el país afirma haber gastado desde 2015 para proteger sus fronteras interiores. La Comisión no reconoce esa cifra como reembolsable.
La disputa sobre los autobuses se produce en paralelo a una disputa por la reciente decisión de Hungría de ampliar su sistema de Tarjeta Nacional a los ciudadanos rusos y bielorrusos, lo que, según advierte la Comisión, podría suponer una amenaza para “todo” el espacio Schengen.