Los contratiempos generados en el ámbito social y económico se acumulan hoy en Colombia debido al paro de transportistas, que eligieron como modo de protesta el bloqueo de muchas de las principales vías del país.
Pese a los reiterados llamados a dialogar por parte del gobierno, cientos de camioneros persisten en los cierres viales que, tras varios días, empiezan a comprometer el abastecimiento de bienes esenciales como alimentos, medicinas y combustibles.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, advirtió sobre los efectos negativos que el paro, iniciado a modo de protesta por el aumento del precio del diésel, ya causa en los precios de productos básicos y en los ingresos del campesinado.
Entre los sectores más golpeados se encuentran el lácteo, avícola y porcícola. “El impacto es significativo, afectando no solo la distribución de alimentos, sino también los ingresos de miles de productores rurales”, aseguró la funcionaria.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, alertó que más que el aumento del precio del diésel, son los bloqueos los que provocarán un mayor efecto sobre la inflación.
El gobierno, por su parte, ya ha realizado dos propuestas al gremio para hacer progresivos los incrementos del combustible sin que los transportistas consientan frente a alguno de ellos.
El presidente, Gustavo Petro, alertó que se trata en el fondo de un paro patronal por parte de aquellas compañías que no quieren ver afectados sus ingresos por el alza del diésel, y cuya subvención por parte del estado impide avanzar en proyectos de amplio beneficio social.
Por eso, el mandatario aseguró que se tomarían medidas para proteger al pequeño camionero y no al gran empresario que goza de los beneficios de un subsidio inequitativo, y que se sirve de los bloqueos para apuntalar sus propios intereses económicos y políticos.
Advirtió además cómo los dueños de grandes negocios son los que precarizan a los pequeños transportistas al pagarles fletes por debajo del precio que deberían abonarles.
Dentro de las medidas que el ejecutivo anunció que tomará se halla una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los transportistas para garantizar su aproximación a los fletes.
Asimismo, se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero, y se orientó al Ministerio de Hacienda que disponga de recursos provenientes de la empresa Ecopetrol para el salto tecnológico de los medios de transporte.
Se dispuso además que el recambio de camiones en la chatarrización se hará uno por uno para evitar el aumento excesivo de flota, y se determinó que el precio del diésel progresivamente, de acuerdo al cumplimiento de las normas de protección al pequeño transportista.
También se investigarán a las empresas que explotan a los camioneros al establecer grandes diferencias entre el precio del flete que cobran al generador de la carga, en relación al que pagan para conducirla.