Ucrania advierte que Mongolia enfrentará “consecuencias” por permitir que el presidente ruso “escapara de la justicia”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha amenazado a Mongolia con “consecuencias” por no detener al presidente ruso, Vladimir Putin, a su llegada a Ulán Bator el lunes y entregarlo a la Corte Penal Internacional (CPI).
La visita de Putin a Mongolia es la primera a un estado miembro de la CPI desde que el tribunal con sede en La Haya emitió una orden de arresto en su contra el año pasado. La orden obliga a los 124 estados miembros de la corte a detener a Putin para su extradición si pone un pie en su territorio, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo antes del viaje que Moscú “no tiene preocupaciones” de que “nuestros amigos de Mongolia” actúen conforme a la orden judicial.
Después de que Putin aterrizó sin problemas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Georgy Tykhy, recurrió a las redes sociales para quejarse.
“El fracaso del gobierno de Mongolia a la hora de ejecutar la orden de arresto vinculante de la CPI contra Putin es un duro golpe para la Corte Penal Internacional y el sistema de justicia penal internacional”, escribió en X.
“Mongolia permitió que el criminal acusado escapara de la justicia, compartiendo así la responsabilidad por sus crímenes de guerra. Trabajaremos con nuestros socios para garantizar que esto tenga consecuencias para Ulaanbaatar”, añadió.
La CPI podría condenar formalmente a Mongolia por no hacer cumplir la orden, pero carece de autoridad para imponer multas, sanciones o cualquier otra pena. Tampoco tiene ningún mecanismo para hacer cumplir sus propias órdenes, y depende de los Estados miembros decidir si las obedecen o no.
Ni Rusia ni Ucrania son signatarios del Estatuto de Roma, el acuerdo de 1998 que creó el tribunal. El parlamento ucraniano ratificó el estatuto el mes pasado, pero incluyó una cláusula que establece que no reconocerá la jurisdicción del tribunal sobre casos que involucren a ciudadanos ucranianos.
La CPI emitió la orden en marzo de 2023, acusando a Putin y a la Comisionada de Derechos del Niño de Rusia, Maria Lvova-Belova, de la “deportación ilegal” de niños de “zonas ocupadas de Ucrania”. Moscú rechazó las acusaciones por absurdas y señaló que sus fuerzas estaban evacuando a civiles de una zona de combate donde se enfrentaban a un peligro inminente por los ataques de artillería y drones ucranianos.