Bruselas no ha puesto objeciones al veto español a una oferta húngara que habría adquirido la totalidad de Talgo, el fabricante de trenes nacional.
La decisión del Gobierno español de vetar la OPA húngara de Talgo, fabricante nacional de trenes de alta velocidad, ha recibido el respaldo implícito de la Comisión Europea, que ha actuado con cautela mientras la noticia, cargada de dimensión geopolítica, sigue acaparando titulares.
“La prerrogativa de tales decisiones corresponde a los Estados miembros”, dijo el jueves por la tarde un portavoz de la Comisión, preguntado sobre la transacción fallida.
“De conformidad con los tratados de la UE, los Estados miembros pueden restringir las libertades del mercado único, como la libertad de establecimiento y la libertad de movimiento de capitales, por motivos de seguridad pública”, añadió el portavoz. “Estas medidas deben estar justificadas y ser proporcionadas al objetivo perseguido”.
La Comisión señaló que cualquier disputa entre las partes se resolvería en última instancia en Luxemburgo, por el Tribunal de Justicia Europeo, y no por el ejecutivo en Bruselas.
Los comentarios se producen varios días después de que Madrid anunciara que bloquearía la adquisición del 100% de Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz MagVag Europe. La operación fallida ascendía a 619 millones de euros.
El Gobierno español afirmó el martes que la oferta habría implicado “riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público”, sin proporcionar más detalles. El comunicado de prensa describió a Talgo como una “empresa estratégica en un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España”.
El País, un importante periódico, informó más tarde que los servicios de inteligencia españoles habían elaborado un informe que alertaba sobre los vínculos del consorcio con el gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y con Transmashholding, el mayor fabricante de trenes y equipos ferroviarios de Rusia.
El informe señaló que el 45% del consorcio pertenece a Corvinus International Investment, un fondo de inversión estatal, mientras que el 55% restante proviene de Magyar Vagon, una empresa que mantiene “conexiones informales” con Transmashholding.
Se dice que Andras Tambor, un alto ejecutivo del consorcio, tiene una estrecha relación con Orbán, algo no poco común en Hungría, donde el gobierno de extrema derecha ha ampliado significativamente su influencia sobre el sector privado.
También ha cobrado relevancia la posibilidad de que Rusia se apodere de la tecnología propia de Talgo que permite a las locomotoras cambiar el ancho de vía.
Dimensión geopolítica
En respuesta al veto, Ganz MagVag dijo que emprendería acciones legales y llevaría el tema a Bruselas, llevando la disputa bilateral al escenario europeo.
Pero la Comisión Europea dijo que no había sido contactada por ninguna de las partes, ni antes ni después de que se anunciara el veto.
“La Comisión no necesita aprobar ex ante la decisión de España de vetar esta adquisición”, dijo el portavoz.
La medida de Madrid es, sin embargo, excepcional: las transacciones comerciales entre los Estados miembros de la UE son un fenómeno cotidiano y casi nunca son fuente de controversias gracias a la confianza que los gobiernos tienen entre sí.
En los últimos años, el bloque se ha armado con nuevas herramientas legales para aumentar el control de las inversiones extranjeras, pero esto sólo se aplica a las empresas no pertenecientes a la UE, particularmente de China, que han realizado adquisiciones de empresas nacionales en campos críticos.
El veto hace temer que se reduzca la confianza en el mercado único como resultado de la insistencia de Hungría en desarrollar vínculos con Rusia desafiando abiertamente las sanciones occidentales. La autodenominada “misión de paz” de Orbán, que a principios de julio lo llevó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, desencadenó una furiosa protesta y un boicot a la presidencia semestral húngara del Consejo de la UE, que durará hasta el 31 de diciembre.
La noticia coincide con una creciente disputa sobre la decisión de Budapest de relajar los requisitos de visado para los trabajadores invitados rusos y bielorrusos. Bruselas advierte que los cambios podrían permitir “a potenciales espías y saboteadores rusos un fácil acceso a la UE”, poniendo en peligro la seguridad del espacio Schengen sin pasaporte.