La Comisión Europea está caminando sobre una delgada línea tras el apuñalamiento masivo que dejó tres personas muertas en Solingen, Alemania, equilibrando, por un lado, la prerrogativa de la seguridad nacional, que los Estados miembros protegen celosamente, y, por otro, la integridad del Espacio Schengen, que el ejecutivo está obligado a preservar.
La zona sin pasaporte de 450 millones de ciudadanos, considerada ampliamente uno de los logros más tangibles de la integración europea, ha estado bajo presión constante desde la crisis migratoria de 2015, cuando los países introdujeron controles fronterizos temporales que, en algunos casos, se prolongaron ilegalmente.
Actualmente, ocho países Schengen, incluida Alemania, realizan controles.
Cualquier control fronterizo debe ser “proporcionado” y seguir siendo “excepcional, estrictamente limitado en el tiempo y de último recurso”, dijo el martes un portavoz de la Comisión, señalando que la medida siempre debe estar justificada por una “amenaza grave al orden público o a la seguridad interna”.
El ataque con cuchillo en Solingen, reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, fue llevado a cabo por un ciudadano sirio cuya solicitud de asilo había sido rechazada previamente y al que se le había ordenado regresar a Bulgaria, el primer país de entrada a la UE.
El fracaso de la deportación ha desencadenado un juego de acusaciones entre las autoridades alemanas y ha reavivado el debate políticamente explosivo sobre la migración, que Bruselas esperaba haber contenido después de completar una reforma integral en mayo.
“Debemos hacer todo lo posible para que nunca más vuelvan a ocurrir cosas así en nuestro país”, afirmó el canciller German Scholz, que prometió acelerar el número de deportaciones. La UE lleva mucho tiempo luchando por abordar esta espinosa cuestión debido, entre otros factores, a la falta de cooperación de los países de origen.
“Tendremos que hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden o no se les permite quedarse aquí en Alemania sean repatriados y deportedos”, añadió Scholz.
Los políticos de derecha aprovecharon rápidamente el momento para criticar a Scholz y su coalición tripartita profundamente impopular, exigiendo acciones enérgicas para frenar la migración irregular.
Friedrich Merz, líder de la Unión Democrática Alemana (CDU), de centroderecha, propuso una moratoria a la admisión de refugiados sirios y afganos, los dos mayores grupos de nacionalidades que buscan refugio en Alemania, y el establecimiento de controles permanentes en las fronteras alemanas. “¡Ya basta!”, escribió Merz.
En la misma línea se expresa Alice Weidel, copresidenta del partido ultraderechista AfD, que considera que la moratoria debería durar “al menos” cinco años. “Además, hay que cerrar las fronteras y deportar a los grupos de personas con mayor índice de criminalidad, sobre todo afganos, sirios e iraquíes que se encuentran en Alemania ilegalmente”, declaró Weidel a la cadena ZDF.
Centrarse en el pacto
Cuando se le preguntó sobre estas ideas, que de implementarse entrarían en conflicto con las normas de la UE, la Comisión Europea se negó a hacer comentarios e insistió en que su principal objetivo era implementar la reforma de la política de migración y asilo, también conocida como el Nuevo Pacto.
Las cinco leyes del Pacto tardarán dos años en entrar en vigor.
La reforma prevé que, en caso de rechazo de una solicitud de asilo, el solicitante reciba al mismo tiempo una decisión de devolución, cerrando así la brecha entre ambos procedimientos. Frontex, la agencia de control de fronteras del bloque, apoyará a los Estados miembros para que lleven a cabo con éxito las deportaciones. Sin embargo, la última palabra seguirá estando en manos del país de origen o de tránsito al que se le pida que acepte la devolución del migrante, que puede negarse a hacerlo.
La tasa de retorno de la UE ronda el 30%.
Un aspecto crucial es que, según el derecho internacional, los gobiernos tienen prohibido enviar a solicitantes de asilo a países donde sus vidas y sus derechos humanos estarían en peligro. En los últimos meses ha cobrado fuerza entre los Estados miembros un debate sobre si sería adecuado repatriar a los migrantes a algunas partes de Siria, pero sin que se haya llegado a ninguna solución.
“Es un trabajo que se está llevando a cabo. Hasta el momento, las condiciones (en Siria) no se han cumplido”, dijo un portavoz de la Comisión.
El Nuevo Pacto prevé la posibilidad de elaborar una lista de “países de origen seguros” para toda la UE, con el fin de garantizar que las órdenes de deportación se reconozcan de manera uniforme en todo el bloque. A día de hoy, cada Estado miembro tiene su propia lista de “países seguros”, un panorama fragmentado que ha provocado desacuerdos ocasionales entre los gobiernos.
“Tener una lista de este tipo podría facilitar el retorno de personas a países de origen que luego se consideren seguros”, dijo a Euronews Alberto-Horst Neidhardt, analista de políticas del Centro de Política Europea (EPC).
Pero el hecho de que el catálogo no se presentara al mismo tiempo que la legislación, y por lo tanto no se incluyera en las negociaciones, hace pensar que será difícil conseguir que los 27 Estados miembros se pongan de acuerdo.
“Es muy poco probable que en un futuro próximo se alcance un consenso muy fuerte sobre qué países podrían estar en esa lista”, afirmó Neidhardt. “Sobre todo si se analizan los países que están en el centro de la atención mediática en este momento, como Siria o Afganistán. Hay posiciones muy, muy diferentes entre los Estados miembros sobre esta cuestión”.
El concepto de “países seguros” ha sido cuestionado por ONG que argumentan que los grupos minoritarios aún pueden enfrentar persecución en naciones libres de guerra.
Aun así, se espera que el asunto siga siendo prioritario en la agenda. En sus directrices para un segundo mandato, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha prometido presentar un “nuevo enfoque común” sobre las devoluciones para garantizar que las decisiones “sean reconocidas mutuamente en toda Europa”.