De acuerdo a las empresas de transporte público no podrán garantizar la continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva el conflicto sobre los subsidios.
Las directivas de las empresas gestoras del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina, anunciaron el lunes la decisión de reducir la frecuencia de los servicios nocturnos y de fines de semana a partir del mes de septiembre ante el desacuerdo sobre el financiamiento de los subsidios al sector.
La medida está relacionada al conflicto existente entre los gobiernos nacional, provincial y bonaerense por la responsabilidad del transporte en el territorio metropolitano. Según el comunicado: la continuidad de los servicios está en riesgo por «la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA.
Asimismo, señalan que tampoco está definida la cobertura de la RED SUBE para aquellas líneas que no son de Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA, la falta de actualización de la estructura de costo utilizada para calcular subsidios y el sub-reconocimiento en cálculo de subsidios de costo de inversión en coches.
El texto destaca que «Entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos 862 pesos promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva», señalaron las patronales.
En este escenario, las empresas indicaron que no han logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas.
Por tal motivo desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor. Está decisión implica un aumento en la reducción de los servicios que ya se viene aplicando en los últimos meses, lo que se refleja en que ya se perdieron 5 por ciento de las frecuencias.
En este contexto peligran los puestos de trabajo de los empleados, pues las empresas no podremos garantizar continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva cómo y quién paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20 por ciento del costo real.
También se remarcó que esto «agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022” en una situación derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores.
El comunicado fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (Ceap), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (Ctpba), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).