El domingo 4 de julio entró en vigor una versión revisada de las normas de la UE sobre emisiones industriales, que se extienden a más granjas ganaderas que la legislación anterior.
Según la Comisión Europea, la directiva, bautizada como IED 2.0, se aplica ahora a “las granjas porcinas y avícolas más contaminantes”, responsables de alrededor del 30% de las emisiones totales de amoniaco de la UE.
La legislación generó controversia entre las organizaciones agrícolas y los partidos políticos de derecha , que se opusieron a regular las granjas con los mismos estándares que sectores industriales como las gigafábricas de baterías y las acerías.
Las medidas se aplican a las granjas porcinas con más de 350 unidades de ganado mayor (UGG), lo que equivale aproximadamente a 1.100 cerdos adultos o 700 cerdas para cría.
Quedan exentas las explotaciones porcinas ecológicas y las granjas extensivas, en las que los animales pasan la mayor parte del tiempo al aire libre. Hasta ahora, la normativa solo cubría las granjas con más de 2.000 cerdos y 750 cerdas.
El umbral para las aves de corral se mantiene en 280 LSU o 40.000 pollos de engorde. Sin embargo, las granjas productoras de huevos ahora enfrentan regulaciones más estrictas, a partir de 21.400 gallinas ponedoras.
La Comisión propuso originalmente incluir el ganado en la legislación, pero el Parlamento Europeo lo excluyó con éxito del texto final durante las negociaciones con los estados miembros de la UE.
Sin embargo, la Comisión informará sobre la lucha contra la contaminación procedente de las granjas de vacas, que representan el 50% de las emisiones de metano y el 25% de las emisiones de amoníaco de la UE, a finales de 2026.
“Si el encendedor lo permite”
A pesar del aumento del número de explotaciones afectadas, los organismos de control medioambiental advierten de que la Directiva 2.0 podría dar lugar a un retroceso en la normativa. La directiva renovada permite a los países de la UE aplicar un “régimen normativo más ligero” para los agricultores, optando por procedimientos de registro más sencillos en lugar de permisos completos más engorrosos.
Además, la nueva ley también incluye el derecho de las personas a reclamar compensación por los daños a la salud causados por la “contaminación ilegal”.
También impone sanciones financieras más severas: las empresas se enfrentan a multas de al menos el 3% de su facturación anual en la UE por infracciones graves. Las autoridades pueden suspender las granjas que no cumplan, pero las actividades necesarias para cuidar a los animales deben seguir adelante para garantizar su bienestar.
La Comisión dispone de dos años para elaborar normas operativas detalladas, que se redactarán en colaboración con representantes del sector agrícola, expertos de los Estados miembros y ONG.
Las nuevas normas se aplicarán a las granjas más grandes afectadas a partir de 2030 y al resto hasta 2032.