El gobierno de la pequeña isla dice que se está quedando rápidamente sin lugares para albergar a menores extranjeros no acompañados.
La isla española de Lanzarote declaró el miércoles una “emergencia social” debido a la afluencia de jóvenes inmigrantes y un sistema de refugios que ya está desbordado.
Oswaldo Betancort, presidente del gobierno local de Lanzarote, parte del archipiélago de las Islas Canarias, firmó el decreto citando pronósticos de que podría haber un “incremento récord en la llegada de migrantes desde la costa africana” en las próximas semanas y meses.
La declaración de emergencia tiene como objetivo “facilitar y acelerar la toma de decisiones” para brindar a “los niños migrantes las condiciones más dignas posibles” y “tomar decisiones extraordinarias ante una situación extraordinaria”.
Según el Gobierno local, alrededor de 40 menores no acompañados han desembarcado recientemente en las costas de Lanzarote.
En todo 2023, el Gobierno acogió a 742 de estos jóvenes migrantes en albergues especializados.
Sin embargo, la semana pasada, abogados y la ONG Fundación Samu denunciaron las “pésimas condiciones” de un centro para jóvenes inmigrantes en la isla atlántica.
Según el expediente presentado ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, el centro está sucio, abarrotado de gente, plagado de insectos y en condiciones inseguras. A los jóvenes migrantes ni siquiera les dan sábanas.
En cuanto a la comida, la denuncia dice que se trata en su mayoría de pan duro y pasta sin verduras. E incluso eso “a veces llega en mal estado, con pelos o cucarachas”.
Al hablar de la declaración del estado de alarma, la concejala de Bienestar Social e Inclusión de Lanzarote, Marci Acuña, admitió que “todos los recursos empleados hasta ahora están desbordados y no vemos opciones alternativas para alojar a estos menores”.
Se espera que Canarias reciba en los próximos meses a unos 70.000 migrantes, de los que alrededor del 10% probablemente serán menores no acompañados.
En la actualidad, todas las islas acogen a unos 5.600 menores, pero el Gobierno calcula que la cifra podría más que duplicarse hasta alcanzar entre 12.000 y 16.000 a finales de año.
Mientras tanto, el Gobierno español pretende enviar a más menores a diferentes regiones de la España peninsular.
Sin embargo, el partido de extrema derecha Vox amenazó la semana pasada con separarse de su socio de coalición en varios gobiernos regionales, el Partido Popular, si llega a un acuerdo con el gobierno central de España para aceptar a estos jóvenes inmigrantes.