El Tribunal Supremo de Japón ha ordenado este miércoles al Gobierno a indemnizar a varias víctimas de la esterilización forzosa que tuvo lugar durante décadas en el país y que afectó a miles de personas consideradas “inferiores” por presentar algún tipo de enfermedad o discapacidad.
La corte ha resuelto así cinco demandas presentadas recientemente contra el Estado por la realización de este tipo de cirugías entre los años 50 y 70 y ha aclarado que los delitos relacionados con la ley de protección eugenética no prescriben. En este sentido, ha dictaminado por vez primera que la citada legislación –que estuvo en vigor desde 1948 hasta 1996– es inconstitucional.
Esto allana el camino a las víctimas, que fueron sometidas a esta práctica contra su voluntad, para que recurran a la justicia y soliciten indemnizaciones por lo sucedido, según ha informado la agencia japonesa de noticias Kiodo.
“Es extremadamente injusto liberar al Gobierno de su responsabilidad penal al hablar de la prescripción de estos delitos”, ha señalado la corte, que ha afirmado que aplicar esta medida sería “intolerable” y supondría un “abuso de poder”.
Los magistrados han indicado que la legislación de eugenesia viola el artículo 13 de la Constitución, que garantiza la libertad de elegir si someterse o no a una cirugía invasiva como esta. Además, vulnera también el artículo 14 sobre el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos japoneses.
El jefe de Gabinete nipón, Yoshimasa Hayashi, ha aclarado que el Gobierno “indemnizará y responderá apropiadamente a las víctimas tras examinar el fallo judicial” y ha explicado que barajará también la posibilidad de que los demandantes que así lo deseen puedan reunirse con el primer ministro, Fumio Kishida.
Está previsto que el Gobierno tenga que pagar unos once millones de yenes (unos 63.200 euros) a cada víctima y 2,2 millones de yenes (cerca de 12.630 euros) a la mujer de un hombre que figura entre las víctimas de esta práctica y que ya falleció. Estas cuantías son superiores a las anteriormente estipuladas por la Justicia.
Los datos del Gobierno japonés apuntan a que unas 25.000 personas fueron esterilizadas en el marco de la ley, de las cuales 16.000 fueron sometidas a esta práctica sin su consentimiento.