El tráfico ilegal de órganos humanos es uno de los fenómenos más nocivos dada su naturaleza e inacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el distanciamiento entre los sectores médico y policial.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que, de todos los trasplantes en el mundo, de cinco a 10 por ciento utilizan órganos procedentes del mercado negro, aunque la cifra puede ser mucho mayor.
Se trata de un lucrativo negocio delictivo que mueve cada año de 840 a mil 700 millones de dólares, una forma de trata en la que las víctimas suelen proceder de entornos pobres, sin educación y vulnerables.
Cuando un paciente sufre una insuficiencia orgánica y se han explorado todas las intervenciones médicas, un trasplante de órgano puede ser la única forma de mantenerlo con vida, lo cual acarrea una búsqueda de donante compatible proveniente de familiares o amigos cercanos, y también de una persona fallecida previo consentimiento documentado.
De esta donación ética nadie se beneficia financieramente, pero la necesidad mundial actual de órganos es mucho mayor que la oferta, según el Observatorio Global de Donación y Trasplante.
Anualmente se realizan más de 150 mil trasplantes en todo el mundo, sin embargo, esto es menos del 10 por ciento de la demanda global, por lo que algunos pacientes enfermos están dispuestos a infringir la ley y pagar, incluso si implica explotar a personas vulnerables y empobrecidas.
Ahí, entran a jugar su papel los traficantes, que suelen formar parte de sofisticadas redes delictivas, que lucran con la venta de órganos a receptores que no pueden o no quieren esperar los trasplantes legales.
Tales delincuentes se favorecen también por una población mundial cada vez más numerosa y envejecida, la globalización de estilos de vida poco saludables y el aumento de la movilidad, por lo que la solicitud de órganos y de trasplantes cada vez es significativamente mayor.
Expertos de la OMS consideran que la magnitud exacta de esa actividad delictiva sigue siendo desconocida, por los escasos estudios realizados ya que su naturaleza clandestina dificulta la recopilación y verificación de datos.
Además, es posible que las víctimas duden en dar un paso al frente, ya que la venta de órganos constituye un delito en la mayoría de los países.
También consideran que los órganos más extraídos a las víctimas son los riñones, el hígado, las córneas, óvulos, piel, embriones humanos y plasma sanguíneo.
Todas esas partes humanas se consiguen a través de redes internacionales complejas y escurridizas, que requieren una infraestructura sofisticada con especialistas médicos, coordinación logística y acceso a centros sanitarios, incluida la publicidad por las redes sociales o mediante contactos directos con los reclutadores y organizadores del engranaje creado.
A ellos se une profesionales y funcionarios sanitarios, administradores de hospitales, funcionarios de aduanas y promotores locales.
Y aunque el tráfico de órganos es mucho menos común que el laboral o sexual, por el alto nivel de conocimientos médicos y la coordinación necesaria para concretarlo, es un problema difícil de rastrear ya que ocurre dentro de una red de entornos médicos legítimos con profesionales legalmente certificados. Con esa pantalla los grupos delictivos se dirigen específicamente a desempleados, inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, muchos coaccionados y engañados que ven en la venta de órganos un último recurso para mejorar su desesperada situación, y quienes en ocasiones reciben una compensación económica limitada, o nada, y ni siquiera cuidados postoperatorios.
Las consecuencias a largo plazo para la salud de las víctimas pueden ser devastadoras, ya que muchas experimentan un acusado deterioro de su estado físico tras la operación, además de estigmatización y depresión, en tanto los impactos psicológicos conducen a un mayor detrimento de su nivel de vida, atrapándolas en un ciclo de pobreza y mala salud.
Ese lucrativo negocio registra las cifras más altas en el norte de África y en Medio Oriente. También es común en el sur y sureste de Asia, América Central y Europa.
Ante esta realidad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito proporciona asistencia técnica y legislativa para reforzar las respuestas de la justicia penal a la trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, y está dispuesta a proporcionar refuerzo de la capacidad a los Estados interesados.
Para reforzar tales acciones el tema se debatirá en la dècimo cuarta sesión del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, prevista para los días 8 y 9 de julio próximo en Viena, Austria.
Esa entidad es el principal foro del sistema de las Naciones Unidas para el debate y facilitar el intercambio entre expertos en prevención del delito y justicia penal de los países comprometidos a aplicar el Protocolo contra la trata de personas de las Naciones Unidas.
Más del 90 por ciento de los Estados de todo el mundo aplican ese instrumento internacional.
Asimismo, las campañas de concientización pueden marcar la diferencia para educar al público en general y aumentar la responsabilidad entre los profesionales médicos. Sin embargo, el seguimiento de la magnitud del fenómeno sigue siendo complicado.