Una veintena de organizaciones y movimientos sociales, señalaron que la cárcel es un proyecto innecesario y antitécnico.
En medio del rechazó y críticas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el viernes la ceremonia del inicio de obras de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena.
La prisión sería una de las dos cárceles de máxima seguridad que prometió construir el mandatario ecuatoriano para líderes criminales, con un modelo similar al empleado en El Salvador
«Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas», dijo Noboa al colocar la primera piedra para la construcción de la cárcel.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, indicó que el centro penitenciario de Santa Elena se extenderá sobre 16.2 hectáreas y contará con una capacidad para 800 reos.
Según el titular del SNAI, el costo de la nueva prisión de máxima seguridad será de 52 millones de dólares y aseveró que será construida en 300 días.
Rechazan construcción de prisión de máxima seguridad
En los alrededores del terreno donde se edificará la prisión, pobladores protestaron en rechazo al proyecto.
En este sentido, alrededor de una veintena de organizaciones y movimientos sociales agrupadas en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, señalaron en un comunicado que «este es un proyecto innecesario y antitécnico».
Además, mencionaron que violar derechos colectivos y de la naturaleza, «incurre en las mismas soluciones fallidas que han incidido en la crisis carcelaria ecuatoriana».
También aseguraron que los terrenos donde se hará la prisión pertenecen a «comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy».
«En esas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, que es un ecosistema primario y alberga árboles de más cien años de existencia», reza parte del comunicado compartido en redes sociales.
Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, solicitaron realizar una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, que se aplica a los proyectos que se realizan en territorio indígenas.
La Alianza aseguró que sobre el proyecto de esta cárcel «no existiría informe de impacto ambiental, informes de restos arqueológicos de culturas costeñas y procesos de consulta libre, previa e informada».