El ministro de Justicia de Ucrania, Denis Maliusk, ha advertido a la población de que debe “esperar” que los presos a los que se ha dado la libertad condicional para alistarse en el Ejército cometan de nuevo algún delito durante este permiso.
“Este problema nos espera. No son prejuicios. La gente ahora tiene cierto miedo (…) Tenemos que prepararnos para esto”, ha dicho, adelantando a su vez que cuando esto se produzca generará “incomparablemente más ruido” que si el delito lo comete otro tipo de persona, incluido algún militar de servicio.
“Si un prisionero que fue puesto en libertad condicional para unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania luego comete un delito causará mucha más indignación y ruido en los medios que si el delito lo comete una persona común y corriente que debe cumplir el servicio militar a pesar de todo”, ha dicho.
Asimismo, ha reconocido que ya hay casos de personal militar que regresa de sus destinos o se les concede algún permiso y que cometen delitos. “Esto también es un problema importante que debería resolverse. No se puede ignorar”, ha contado en una entrevista en un canal de Youtube, de la que se han hecho eco agencias ucranianas.
Maliuska ha explicado una vez más que la movilización entre la población reclusa ha sido un “paso forzoso” y relacionado con la escasez de personal, pero a diferencia de Rusia, el proceso ha sido completamente voluntario.
“En Rusia no es voluntario. En un principio intentaron convencerles, prometiéndoles dinero, pero lugo acabo siendo una coacción bastante grave”, mientras que en el caso ucraniano, el estatus es “muy similar” al de personal militar, incluyendo servicios como la seguridad social, ha destacado.
“Definitivamente, no recomendaremos, ni nos comunicaremos con las Fuerzas Armadas para que liberen a aquellos en los que existe un alto riesgo de cometer de nuevo un delito. Se trata de un enfoque muy selectivo, no masivo”, ha defendido.
El pasado 17 de mayo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmó la controvertida ley que otorga la libertad anticipada a aquellos condenados por delitos menores que se alisten en las Fuerzas Armadas, si bien deja abierta la posibilidad a favorecer también a quienes están en prisión por crímenes más graves.
La polémica medida llegó en un momento en el que las autoridades ucranianas estuvieron alertando de los graves problemas de efectivos con los que contaban las Fuerzas Armadas, después de dos años y medio de conflicto y en plena ofensiva rusa sobre la provincia de Járkov.
El Gobierno inició en paralelo otras controvertidas medidas para presionar a los que han eludido el servicio militar, como dejar de prestar servicios consulares a aquellos que residen en el extranjero, mientras algunos socios de Kiev plantearon imponer ciertas restricciones entre los ucranianos que residen en estos países.